Fiscalía prohíbe salida del país a general (r) de la Dijín por crimen de Luis Carlos Galán
El oficial (r) se habría aliado con unos superiores para intentar desviar las investigaciones relacionadas con este magnicidio.
La Fiscalía General de la Nación ordenó mantener vinculado al proceso y que se le prohíba salir del país al general (r) Carlos Enrique Rodríguez González, por estar presuntamente implicado con en el intento para desviar las investigaciones para esclarecer el magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.
En estos graves hechos ocurridos el 18 de agosto de 1989, también fue asesinado el entonces concejal de Soacha (Cundinamarca) Julio Cesar Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez; y resultó herido Pedro Nel Angulo Bonilla.
La decisión fue adoptada por parte de un fiscal adscrito a la la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, que resolvió la situación jurídica del oficial (r) luego de realizar una valoración de las pruebas técnicas y testimonios recolectadas a lo largo de las investigaciones.
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Aunque el fiscal a cargo del proceso no determinó emitir una orden de captura o imponer una medida privativa de la libertad en su contra, el general retirado Rodríguez González sí tendrá que estar atento a todos los llamados judiciales, observar buena conducta y deberá pagar una caución que supera los 40 millones de pesos.
Según los elementos de prueba, el oficial seguirá vinculado al proceso penal que adelanta la Fiscalía como presunto cómplice de los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y tentativa de homicidio.
“De acuerdo con el material de prueba obtenido, el general en retiro, quien para la época de los hechos era teniente de la Dijin de la Policía Nacional, se habría concertado con algunos de sus superiores para intentar desviar la investigación por el magnicidio”, indicó la Fiscalía.
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Los fiscales a cargo del proceso señalaron que el 22 de agosto de 1989, el entonces teniente de la Dijin, lideró un operativo en el que fueron capturadas varias personas señaladas de participar en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, las cuales posteriormente fueron declaradas inocentes e indemnizadas por el Estado.
Los investigadores de la Fiscalía precisaron que este proceso penal se lleva a cabo bajo los parámetros del antiguo sistema penal colombiano de la Ley 600 de 2000.
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