Fiscalía solicita expedir circular azul contra Juan Carlos Montes

La Fiscal General de la Nación solicitó a la Jefatura de Interpol en Colombia la expedición de circular azul contra Juan Carlos Montes Fernández, en atención a una orden judicial que ordena su captura como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.  
 
De acuerdo con la investigación, Montes Fernández, quien se desempeñó como subdirector de Construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, estaría involucrado en algunas irregularidades detectadas en el proceso de celebración y liquidación del contrato 3817 de 2015, y los respectivos contratos de interventoría. 
 
Por este mismo hecho, la Personería de Bogotá anunció una investigación en febrero pasado. La Personería de Bogotá inició una averiguación disciplinaria contra funcionarios del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) y la Universidad Distrital, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la construcción de la primera etapa del Parque Metropolitano El Porvenir de Bosa por $24.734 millones y obras de los parques vecinales de la UPZ Rincón de Suba por $9.683 millones.

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El Ministerio Público Distrital envió copia del informe preliminar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para la respectiva investigación por posibles acuerdos anticompetitivos de firmas privadas para lograr la adjudicación de contratos en el IDRD en 2015. También solicitó a la Contraloría Distrital que determine un presunto detrimento patrimonial, a la Fiscalía por los delitos en los que pudieron incurrir los responsables y a Procuraduría investigar al contratista.

Los contratos, una vez firmados, al parecer fueron entregados para su ejecución en su totalidad a una firma privada dedicada a trabajos en canteras y yacimientos minerales. Las obras nunca fueron terminadas. El Porvenir de Bosa, prevista para 9 meses, duró más de 2 años y 7 meses con una ejecución del 83,17% y los parques de Rincón de Suba, previstos para 4 meses, tardaron más de 24 meses y no llegaron al 15% de avance. En ambos casos, sólo hasta 2018 fue declarada la caducidad de los contratos.

La Personería indaga la actuación de los servidores de la Universidad Distrital que realizaron la interventoría de las obras en los 2 contratos y de los supervisores del IDRD quienes, al parecer, avalaron las adiciones, prórrogas, suspensiones y pagos sin el avance de las obras. Las dos licitaciones fueron abiertas y adjudicadas en 2015 por el entonces subdirector Técnico de Construcciones del IDRD, Juan Carlos Montes Fernández. En ellas, al parecer, no hubo un adecuado estudio previo ni planeación, lo que permitió estimar de manera errónea los plazos de ejecución y que se exigieran unos requisitos financieros inferiores a la magnitud de las obras.

Para la construcción del parque El Porvenir de Bosa hubo seis firmas interesadas, pero sólo dos se presentaron. Una empresa, no obstante estar habilitada y cumplir todos los requisitos, sólo obtuvo 200 puntos. La otra firma fue calificada con 1.280 puntos y ganó el contrato. Según el informe, habrían podido existir presuntos acuerdos anticompetitivos para burlar el proceso de selección de contratistas, fingiendo ser competidores cuando probablemente actuaban para simular una gran participación y dejar un solo proponente como candidato a ganar el contrato.

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Los contratos fueron adjudicados a finales de 2015 a los Consorcios Parque Porvenir y Consorcio Parques de Suba, respectivamente, ambos con el mismo representante legal. Al Consorcio Porvenir le fue entregado el anticipo antes de lo establecido en el contrato y 5 días después subcontratró las obras con Transportes Lamd S.A.S., empresa dedicada a la explotación de canteras y yacimientos minerales.

El plazo de ejecución inicial del contrato del Porvenir era de 9 meses, terminando el 28 de septiembre de 2016; fue prorrogado en 4 oportunidades y suspendido en otras 5, hasta que el 27 de abril de 2018 fue caducado, sin haberse culminado las obras. A los 9 meses, justo cuando debían terminar las obras y con un avance del 40%, no se requirió ni sancionó al contratista por incumplimiento; por el contrario, le dieron una adición por $5.400 millones y una prórroga de 4 meses, con los avales del interventor y del supervisor.

Se adicionó la construcción de 2 canchas de baloncesto, 2 de microfútbol, 2 de fútbol, 4 graderías, 4 microestancias, 2 módulos de administración, patinódromo, senderos de conexión, la reubicación de rampas, escaleras y taludes, parqueaderos, continuidad de graderías, cuerpo de agua y continuidad de instalaciones eléctricas y juegos infantiles.

De esa forma, el valor del contrato de $19.363 millones pasó a más de $24.763 millones, sin que la interventoría ni el supervisor advirtieran demora alguna. Sólo 2 meses después de terminado el plazo inicial, la interventoría informó sobre algún posible incumplimiento y 4 meses más tarde, en marzo de 2017, lo reiteró.

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EI IDRD impuso una multa al contratista por $193 millones en enero de 2017, 13 meses después de iniciada la ejecución de la obra. Aplicó otra multa en mayo de 2017 por $247 millones y únicamente decretó la caducidad del contrato por incumplimiento, en abril de 2018, 31 meses después de comenzada la obra.

La averiguación surgió por quejas ciudadanas debido al retraso de la obra, el no pago a trabajadores, frecuentes parálisis de los trabajos por falta de materiales, paralización de maquinaria pesada por falta de combustible o por deuda a los operadores, así como no pago de la seguridad social y la falta de dotación a los obreros.

Juan Carlos Montes Fernández, implicado en el caso del videobillete del senador Gustavo Petro, salió del país en enero pasado (más alrededor de este caso aquí).