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Según la delegada de la Procuraduría, ambos políticos podrían obstruir el proceso.

Ronal Housini Jaller, gobernador encargado de San Andrés.
Ronal Housini Jaller, gobernador encargado de San Andrés.
Colprensa

La Fiscalía  y la Procuraduría General solicitaron al Tribunal Superior de Bogotá dictar medida de aseguramiento y enviar a prisión al gobernador (suspendido) de San Andrés,  Ronald Housni y la exgobernadora del archipiélago, Aury Guerrero Bowie sindicados de actos de corrupción en millonarios contratos.

Para el fiscal delegado ante la Corte, Jaime Camacho, esta medida surge necesaria para evitar que exista una posible obstrucción a la justicia.

Para la Fiscalía, en los últimos siete años estas personas presuntamente saquearon las finanzas del departamento de San Andrés, y se apropiaron a través de hechos de corrupción relacionados con contratos de, aproximadamente, once mil millones de pesos.

La Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de 120 mil millones de pesos que habrían sido entregados a los mismos constructores que, a cambio de coimas, también quedaron con las obras de valorización en Armenia.

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Entre los contratos adjudicados sobresale la construcción del Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos, que serviría a la población estudiantil del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Sin embargo, el contrato suscrito el 23 de diciembre de 2014, por un valor de 50 mil millones de pesos debía entregarse a la comunidad en diciembre de 2015 y hoy, cuatro años después, las obras no alcanzan el 50% de su ejecución.

Entretanto, la procuradora delgada respaldó la petición de la Fiscalía para que los dos implicados sean enviados a la cárcel.

“Un caso sumamente sensible, porque la sociedad se vio afectada al suponer que realmente se invertía en la educación del departamento, pero resulta que los dineros iban a parar a las campañas de ustedes dos y también para quien fue representante a la Cámara, su hermano señor gobernador, es decir, todo va quedando en familia”, dijo la procuradora delegada.

Por su parte, los mandatarios políticos insistieron en declararse inocentes de los delitos imputados por la Fiscalía como son concierto para delinquir, falsificación documento privado, peculado e incumplimiento de contrato.

Junto al Gobernador y la exgobernadora las autoridades capturaron al secretario de Infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano; la exsecretaria de educación, Edelmira Archibold Hawkings; la jefe de la Oficina Jurídica, Ain Zulema Conolly, la secretaria de Planeación, Tatiana Pérez García: la supervisora de contratos, Elizabeth O'Neill; los contratistas Mauricio José Rodríguez Cotua, Sergui Fabian Lever Whitaker y Luis Alberto Urrego y el ingieniero Juan Diego Alvis.

Este sábado el magistrado del Tribunal a cargo del caso decidirá si envía o no a la cárcel al gobernador suspendido y a la exgobernadora. 

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