Fiscalía y Procuraduría solicitaron información de Nicolás Petro a la Asamblea del Atlántico

Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría, solicitaron a la Asamblea del Atlántico información sobre el diputado Nicolás Petro, acusado por Daysuris Vásquez, su exesposa, de haber recibido dineros ilegales, presuntamente, por parte de exnarcotraficantes para la campaña presidencial de su padre, recursos que no habrían llegado a su destino.

Fue el 14 de marzo del presente año, cuando la Fiscalía le pidió a la entidad una certificación de los ingresos que ha tenido el Petro Burgos, desde el año 2020 a 2023, los soportes de nómina mes a mes, los pagos ordinarios y extraordinarios,  así como retribuciones por diversos conceptos. 

Según el organismo, esto se da ante lo dispuesto por el juzgado 13 Penal  Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el cual autorizó el requerimiento que hicieron de búsqueda selectiva de datos en audiencia realizada el 10 de marzo de este año.

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De acuerdo con Jorge Mario Camargo, secretario de la corporación en el departamento, estas son informaciones de trámite, las cuales llegan al inicio de procesos penales y disciplinarios.

“Esos son temas eminentemente técnicos, evidentemente procedimentales de la Fiscalía General de la Nación, pero en lo referente a nuestro requerimiento, lo responderemos en tiempo porque tenemos toda la información y estamos abiertos a cualquier solicitud que haga la Procuraduría, la Fiscalía. Siempre hemos sido diligentes para contestar dentro de los términos”, explicó.

Entre tanto, la petición de la Procuraduría General de la Nación llegó el 13 del presente mes, entidad que solicitó, los datos entregados por el hijo del Presidente de la República, al momento de tomar posesión de su cargo en la corporación, relacionada con la hoja de vida de la función pública,  credencial, declaración de bienes y renta, al igual que la fotocopia de su cédula de ciudadanía.

Asimismo, Camargo, indicó que el Diputado se notificó ante el Ministerio Público por el proceso disciplinario que le abrió la entidad tras los señalamientos de los cuales es objeto.

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