Fracasó intento de conciliación entre Fiscalía y víctima de chuzadas

El abogado Felipe Jaramillo, víctima del escándalo de las chuzadas telefónicas ilegales y la Fiscalía General de la Nación,  no logró llegar a un acuerdo durante la audiencia de conciliación convocada por la Procuraduría General de la Nación.

Jaramillo hizo parte de las personas que se vieron afectadas por el accionar criminal de las interceptaciones ilegales cometidas por el exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo y el excoordinador de la sala diamante Luis Carlos Gómez Góngora.

Según la defensa estos ex funcionarios de la Fiscalía fueron supuestamente  contratados por Laude José Fernández representante legal de la empresa de seguridad e inteligencia BRG consulting. 

Le puede interesar: Fiscal condenado por “chuzadas” al sindicato de Avianca pide pista en la JEP

Al parecer, dentro de esas interceptaciones el nombre del abogado aparece dentro del capítulo 'Informe Final - Eje Cafetero - 2018'.

En su momento, la víctima de este caso señaló: “Las labores de inteligencia en mi contra se dieron dentro del contrato que el grupo energía de Bogotá celebró con la firma de espionaje BRG por medio del cual pagó 285 millones de pesos y recibió el informe final denominado ‘Eje Cafetero 2018’ en el que aparece  fotografías de toda mi familia, incluyendo mis dos hijos menores de edad”.

Harold Hernández, representante civil de Jaramillo, anunció que interpondrá la correspondiente demanda de reparación directa contra la la Fiscalía General de la Nación.

"La Fiscalía General desaprovechó la oportunidad de llegar a un acuerdo conciliatorio en la Procuraduría General de la Nación. Esta circunstancia da lugar a que inmediatamente se proceda a presentar una demanda en contra de la entidad", afirmó el abogado Hernández.

Le puede interesar: El silencio que prevalece en los colegios con alternancia

La demanda buscará una indemnización por 635 millones de pesos y la reparación de los daños causados al abogado Felipe Jaramillo y sus familiares, entre ellos sus dos hijas menores de edad por las interceptaciones ilegales realizadas en el 2018 desde la Sala Diamante.