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Billetes de dos mil pesos colombianos
Foto de Colprensa

La Corte Constitucional le puso freno a los tratados internacionales conocidos como Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri), que abren la puerta a millonarias condenas contra la Nación.

Por primera vez, el alto tribunal estudió con lupa uno de esos tratados, cambiando la forma cómo se hace el control de constitucionalidad a dichos acuerdos.

Es el tratado de inversión internacional que se firmó con Francia en el 2014. El despacho del magistrado Carlos Bernal, quien tuvo en sus manos esa tarea, descubrió que esos tratados abren la puerta a que las empresas demanden a la Nación ante tribunales internacionales en los que normalmente los Estados pierden por millones de dólares.

“En los últimos veinte años ha habido un crecimiento a nivel mundial en la firma de esos tratados, pero sus las cláusulas que en principio protegían a los inversionistas extranjeros, se interpretan de manera expansiva hasta el punto de convertirse en desequilibrados para los propios Estados”, dijo el magistrado.

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La Corte concluyó que dichos tribunales están a favor de los inversionistas. Al revisar con lupa las cláusulas del acuerdo que se firmó con Francia, el alto tribunal descubrió que muchas de esas condiciones son ambiguas y se aplican a favor de los intereses de la multinacional.

Para llegar a esas conclusiones, la Corte siguió el caso de Egipto, que resultó condenado millonariamente por una demanda de una empresa que no estuvo de acuerdo en que el país hubiera subido el salario mínimo.

“Los inversionistas extranjeros tienen tantas garantías que de manera correlativa están causando una pérdida de soberanía de los Estados (...) esas empresas han utilizado estratégicamente esas cláusulas para demandar cualquier pérdida en las expectativas de ganancia y reducen el poder de regulación del Estado”, dijo Bernal.

Según constató la Corte, actualmente Colombia enfrenta once demandas internacionales por tratados de este tipo, interpuestas por empresas como Glencore International AG Y CI Prodeco S.A, Telefónica S.A y Galway Gold Inc.

Es decir que si Colombia llega a perder, se enfrentaría a pagar el diez por ciento del presupuesto anual para este año, unos 9.525 millones de dólares sin intereses. “Si nosotros perdemos quedamos desfinanciados porque no hay cómo pagar”, dijo el magistrado.

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Para la Corte, se debe salvaguardar las competencias de las autoridades nacionales, la seguridad jurídica y el principio de igualdad.

Por eso, la Corte condicionó el tratado con Francia a que el presidente Iván Duque concuerde con el mandatario de Francia los límites para los inversionistas en el país. “Deberá adelantar las gestiones necesarias para propiciar la adopción de una declaración interpretativa conjunta con el representante de la República Francesa”, dice la Corte.

Bernal puntualizó que “hemos elevado el estándar para que, de ahora en adelante, cuando se negocie se deba revisar cada tratado con lupa, con el fin de que los intereses de Colombia queden bien protegidos”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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