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Es una obligación de la Fuerza Pública, integrada por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (Armada, Fuerza Aérea y Ejército Nacional), realizar el examen médico laboral de retiro, con la misma rigurosidad prevista para el de ingreso, a quienes son separados de las filas o se apartan de la prestación del servicio activo.

Así lo reiteró la Corte Constitucional en varias de sus sentencias de tutela, en las que se han analizado diferentes casos de exmiembros de la Fuerza Pública que han dejado las filas, pero han sufrido de algún tipo de enfermedad o traumatismo físico y psicológico.

La importancia del examen de egreso de las filas, que no puede prescribir, es que se evalúa el estado de salud psicofísico de la persona que se retira. 

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“Se determina si su condición clínica presente es consecuencia directa del ejercicio propio de las funciones asignadas, las que, por demás, están sujetas a riesgos especiales; y, se establece si “les asisten otros derechos, tales como indemnizatorios, pensionales e incluso la continuación de la prestación del servicio médico después de la desvinculación”.

A pesar de que la Corte ha reiterado esos llamados a la fuerza pública para que cumpla la ley (artículo 8 del Decreto 1796 de 2000 sobre los exámenes de retiro), continúa recibiendo tutelas de soldados retirados que se ven obligados a acudir a la justicia porque no les realizan ese examen.

El último caso que analizó la Corte es el de Julio Cesar Varón Jaramillo de 36 años, quien se desempeñó como oficial en el grado de Capitán del Ejército Nacional durante 11 años.

Su madre, quien interpuso la tutela a su nombre, señaló que él ejerció funciones en el aérea operativa y de combate por lo cual tenía que cargar constantemente equipo pesado sobre su espalda y someterse a presiones psicológicas.

Señala que esa situación le originó enfermedades tales como “esquizofrenia paranoide, episodio depresivo grave, trastorno del disco lumbar con radiculopatia, trastorno del disco cervical con radiculopatia, síndrome del túnel del carpo”.

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Sin embargo, debido a su salida de la Fuerza Pública, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional desactivó los servicios médicos llevando a que los exámenes no pudieran realizarse y suspender todos los tratamientos que ya estaban en curso.

La Corte recordó una vez más en esa sentencia de tutela que, “el examen tiene carácter definitivo para todos los efectos legales y su práctica es obligatoria en todos los eventos”

Según la ley el examen de retiro debe adelantarse a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades que integran el Sistema de Salud de la fuerza pública, dentro de los 2 meses siguientes a la desvinculación del soldado, si pasado ese tiempo no se ejecutan, el examen deberá practicarse, por cuenta de la persona, en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía, según sea el caso.

La norma además aclara que, en cualquier evento, “los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen (…) deben observar completa continuidad”

En el caso concreto la Corte ordenó a la Dirección de Sanidad o a la dependencia a cargo del Ejercito que realice los trámites necesarios para que se convoque a la Junta Médico Laboral Militar, con el objeto de evaluar y definir la situación médico laboral de Varón Jaramillo. 

También que “determine la naturaleza de las enfermedades padecidas, así como el grado de incapacidad psicofísica que presenta según la gravedad y el origen de las patologías evidenciadas”, reseña la sentencia.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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