El organismo de control había advertido de estas situaciones al Inpec.

Cárcel La Picota
Cárcel La Picota (Bogotá)
Foto: Colprensa

Según afirmó la Contraloría General de la República, la fuga de dos presos de la cárcel de máxima de seguridad de La Picota, el sábado en la noche, pone de nuevo en evidencia las fallas que el organismo de control detectó en sus auditorías al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Fuentes de la Contraloría señalaron que "parte de las circunstancias que facilitaron la evasión denunciada se relacionan con el insuficiente personal de custodia y vigilancia a cargo del pabellón donde se evidenciaron las ausencias, luego del conteo respectivo".

Incluso, recordó que en las auditorías adelantadas al Inpec se ha abordado la temática de administración de personal y uno de los hallazgos preocupantes es la elevada cantidad de permisos sindicales que se conceden al personal de custodia y vigilancia, que  afectan la seguridad carcelaria.

"Inicialmente la auditoría revelada en diciembre de 2016 puso de manifiesto que los permisos sindicales concedidos por el Inpec en 2015 totalizaron hasta 39 mil días en un año, lo que equivale a permisos sindicales por más de 110 años. De estos, el 85% de los permisos sindicales concedidos en dicha vigencia, correspondieron a personal de custodia y vigilancia", indicó la Contraloría.

Permisos

Sin embargo, uno de los puntos preocupantes de la auditoría fue descubrir que los permisos sindicales autorizados se incrementaron a 40.079 para 2016 (112 años) y se ubicaron en 31.397 para 2017 (88 años).

"Esto demuestra la persistencia de la situación detectada en la vigencia 2015. En algunos casos, sindicalistas favorecidos con permisos pertenecen en forma simultánea a varios sindicatos", señaló el organismo de control.

Según la auditoría, "los permisos beneficiaron a personal vinculado a los actuales 78 sindicatos de la entidad, los cuales se encuentran constituidos en su mayoría (85%) por personal del cuerpo de custodia y vigilancia, situación que afecta significativamente la seguridad de los establecimientos carcelarios, de acuerdo con las conclusiones de la Contraloría General de la República".

A febrero de 2018 hay 3.650 funcionarios aforados, de los 8.640 afiliados a los sindicatos y la Federación Sindical.

"Esta falta de disponibilidad de funcionarios para cumplir las actividades por las cuales se encuentran vinculados al Inpec afecta también la integridad de las pocas unidades que deben velar por la seguridad de cientos de internos", señaló en su momento el organismo de control.

Además, indicó que la limitación de personal continúa afectando derechos de los internos, debido a la imposibilidad de cumplir remisiones médicas o judiciales, contrariando de esta forma estándares mínimos esbozados por la Corte Constitucional en sus fallos de Tutela.

Custodia

Otro de los puntos clave del informe tiene que ver con la insuficiencia de personal de custodia, la falta de provisión de 512 cargos, resultado de la diferencia entre la planta de personal uniformado autorizada (12.848) frente a la actualmente provista (12.336).

Incluso, en su última evaluación, la gestión y resultados del Inpec tuvieron calificación desfavorable por parte de la Contraloría que, a su vez, emitió opinión con salvedades sobre sus estados financieros y no feneció su cuenta fiscal para la vigencia 2015.

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