Gobierno impulsará ley para penalizar porte de armas blancas
Según la política de seguridad, el Estado volcará sus esfuerzos para combatir el porte ilegal de todo tipo de armas.
El presidente de la República, Iván Duque, presentó su nueva política de seguridad que contiene elementos nuevos para incrementar el número de integrantes de la Policía nacional y fortalecer su labor de vigilancia en las calles.
Esta nueva estrategia también tiene un componente legislativo que dotaría a las autoridades de mayores herramientas para combatir la criminalidad.
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Ante esto, el Gobierno quiere impulsar en el Congreso un proyecto de ley para penalizar el porte de armas blancas. Según fuentes del Ministerio del Interior, la tenencia de estos elementos solo acarrea medidas administrativas, cuando la realidad es que muchos delitos se ejecutan con ellos.
Las estadísticas demuestran que el 48% de los homicidios se cometen con arma blanca y es necesario implementar un mecanismo para frenar esa tendencia.
“Las autoridades volcarán todos sus esfuerzos para combatir el porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Enfrentar e impedir el porte de armas blancas será un elemento prioritario para proteger a los ciudadanos del delito. La Policía de Vigilancia dará prioridad a la persecución de las armas”, señala la nueva política de seguridad dada a conocer por la Presidencia.
El Gobierno quiere establecer penas efectivas de prisión para las personas que porten de manera ilegal armas de fuego y estas herramientas cortopunzantes.
“Se revisará la legislación para endurecer las penas, procurar la medida de aseguramiento intramural en todos los casos y suprimir cualquier reducción de la condena. La persecución contra el porte de armas blancas implica mayor control de la Policía Nacional en los espacios públicos e iniciativas legislativas que sancionen con severidad esa conducta”, añade el documento.
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En el documento se deja claro que las armas no son un derecho y que el monopolio de las mismas seguirá siendo del Estado colombiano.
“Se buscará el desarme y no la compra de armamento, dando total prevalencia al monopolio de las armas y al carácter excepcional que tiene el acceso a las mismas por parte de particulares”, indica la política de seguridad.
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