Gobierno modificó normatividad para pequeños cultivadores de coca
Esto con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de paz.
El ministro de Justicia, Enrique Gil, explicó en diálogo con RCN Radio los alcances del proyecto de ley que se presentó ante el Senado para la legalización de pequeños cultivadores de cocaína en el país.
El documento busca reducir el área sembrada para ejercer un mayor control sobre éste tipo de cultivos y evitar la ilegalidad. El proyecto tiene como base lo firmado en el acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc.
"La norma de las 3.8 hectáreas para pequeños cultivadores en Colombia, se modificó a criterio del Ministerio de Justicia y hace referencia al criterio de dos salarios mínimos en las regiones en donde las condiciones del terreno, daba dicho equivalente”, señaló.
Sin embargo, frente a observaciones técnicas “señalamos un nuevo parámetro para el pequeño cultivador y se determinó en función del área sembrada y del tipo de cultivo, la extensión de sembradío que es necesario para devengar los dos salarios mínimos".
Para llegar a esta conclusión, el Ministerio sometió a una serie de estudios técnicos, el proyecto de ley. "Con estudios técnicos pudimos nuevamente recalcular, revisar, y determinar, que en 1.78 hectáreas sembradas en el 88% del país donde podría dar el equivalente a los dos salarios mínimos que devengan los pequeños cultivadores”.
“Pero en el otro 12%, equivaldría a las 3.8 hectáreas, calculadas por densidad y se revalúo en 1.7 hectáreas para equipararlo a los dos salarios mínimos devengados por los pequeños cultivadores", aclaró el jefe de la cartera jurídica.
Para el Ministro el proyecto debió ser presentado ante el Congreso en cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana, y se espera que el debate en la plenaria de luces sobre las modificaciones que requiera en un futuro.
"En éste proyecto y frente a todas las observaciones de la academia y de las diferentes personas que conocen de esta temática, hicieron algunas revisiones, pero hay que presentar el proyecto en cumplimiento del punto cuatro del acuerdo de paz, donde se pactó la creación de un modelo para el tratamiento penal diferenciado, y ello buscando contribuir a la transformación económica y social de los territorios afectados. El proyecto se presenta al Congreso para el debate, para las observaciones, para que se someta a todo el análisis respectivo porque el propósito es básicamente el cumplimiento del acuerdo".
Uno de los intereses del Gobierno, añadió, es que los pequeños cultivadores pasen a la legalidad, y explica que el proyecto no da cabida a los financiadores de cultivos ilícitos.
"La situación de los pequeños cultivadores, como personas que realmente están en una situación precaria y de vulnerabilidad, porque son personas que están recibiendo menos de dos salarios mínimos y lo que se busca es hacer un tránsito de la ilegalidad a la legalidad, además las personas que sean financiadoras de cultivos ilegales, obviamente no están dentro del ámbito de éste proyecto, ellos se encuentran al margen de la ley y deben recibir las sanciones respectivas", concluyó.