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LUIS GUSTAVO MORENO
Luis Gustavo Moreno, exfiscal Anticorrupción
Colprensa

En la mañana del 27 de junio de 2017, cuando se encontraba en su oficina en el occidente de Bogotá, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General Luis Gustavo Moreno fue capturado por agentes del CTI.

Los agentes le manifestaron que en su contra pesaba una investigación por hechos relacionados con la petición de millonarios sobornos para desviar la investigación que se le adelantaba al exgoberndor de Córdoba Alejandro Lyons por el denominado cartel de la hemofilia.

Moreno fue esposado y trasladado bajo un complejo operativo de seguridad al búnker de la Fiscalía. En ese mismo momento, en el norte de Bogotá, era capturado el abogado Leonardo Pinilla, quien fue uno de los socios del fiscal cuando se dedicaba al litigio penal.

En contexto: Condenan a Luis Gustavo Moreno a 48 meses de prisión en EE. UU.

El exfiscal había sido grabado por agentes de la DEA en un aeropuerto de Miami (Estados Unidos) cuando le exigía 100 millones de pesos a Lyons Muskus para archivar el caso. Las autoridades estadounidenses contaban con toda la información de otros encuentros en los que Moreno presionó al exmandatario departamental.

Posteriormente se conoció que el fiscal Anticorrupción estaba inmerso –irónicamente- en otros casos de corrupción como el cartel de la toga, el cual consistía en el pago de millonarios sobornos a magistrados para archivar investigaciones y desviar procesos en la Corte Suprema de Justicia.  

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Moreno reconoció su responsabilidad en estos hechos y se comprometió a colaborar con las autoridades colombianas dentro de las investigaciones penales y disciplinarias que se adelantan contra de un grupo de magistrados, congresistas y abogados.

Debido a que los hechos que iniciaron el escándalo se registraron en Estados Unidos, las autoridades judiciales lo requerían para que respondiera por este caso de corrupción que ejecutó en su territorio.

Moreno -quien según las personas que trabajaron con él se caracterizaba por su orgullo- le pidió a la Corte Suprema de Justicia una extradición exprés, una figura poco usada en la justicia colombiana, con el fin de responder ante una Corte Federal de la Florida.

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Mientras se adelantaba este proceso, la defensa de Moreno buscó una negociación con la Fiscalía General: aceptación de cargos a cambio de colaborar en las investigaciones que se adelantaban por actos de corrupción en la Rama Judicial, principalmente el cartel de la toga. 

Fue así como Moreno firmó un preacuerdo y un principio de oportunidad. Por el primero recibió una sentencia de cuatro años y 10 meses por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.

Igualmente un juez de control de garantías avaló –después de un extenso debate jurídico- la negociación que fijaba la cesación de la persecución penal por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (sobornos), concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada.

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Pese a su extradición a los Estados Unidos, Moreno manifestó su deseo de continuar con su colaboración para develar más detalles de la corrupción en el interior de la Corte y testificar en los procesos contra los expresidentes del alto tribunal Francisco José Ricaurte y Leónidas Bustos.  

El pasado miércoles Moreno fue sentenciado a 48 meses de prisión tras reconocer ante una corte de la Florida su responsabilidad en los delitos de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario.

Sin embargo, la colaboración con las autoridades judiciales se podría ver perjudicada debido al deseo del exfiscal Moreno de solicitarle al Gobierno de EE.UU. asilo político. Esto argumentando que su integridad personal y la de su familia se encuentra en riesgo por las reiteradas amenazas por las declaraciones que ha entregado.

Tras conocer esta posibilidad –la cual fue citada por el abogado David Weinstein, quien defendió a Moreno en EE.UU- el Gobierno tomará medidas de fondo para que después que cumpla su condena el exdelegado de la Fiscalía sea deportado y cumpla con los compromisos que adquirió con las autoridades colombianas.

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Fuentes cercanas indicaron que se preparará una argumentación jurídica, citando a la Fiscalía y la Procuraduría General, para evitar que se le otorgue este asilo y garantizar que cumpla su condena en Colombia por el cartel de la toga. En este sentido sostendrán que los hechos por los que fue sentenciado allá son muy diferentes al proceso que tiene en el país.

Recuerdan que en la misma extradición se argumentó que después de cumplir la sentencia tendría que regresar a Colombia, puesto que los fallos no eran conmutables puesto que los procesos son por hechos diferentes.  

La familia de Moreno está actualmente en los Estados Unidos. Fuentes fidedignas señalan que el exfiscal habría recibido intimidaciones tras conocerse apartes de la información que le entregó a la Fiscalía y a la Corte Suprema sobre los involucrados en el cartel de la toga.

Fuente

RCN Radio

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