Gobierno tendrá dos días para responder a la tutela sobre la extradición de ‘Otoniel’

Algunas víctimas del conflicto armado fueron las que promovieron una tutela ante el Consejo de Estado, que aceptó una medida cautelar y ordenó suspender la extradición de alias ‘Otoniel’ a Estados Unidos.

En medio de la decisión, el Consejo de Estado dio dos días de plazo para pronunciarse sobre la decisión al presidente Iván Duque, a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, Fiscalía - Grupo de Extradición Dirección de Asuntos Internacionales.

También le dio dos días de plazo a la Corte Suprema de Justicia, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a Dairo Antonio Úsuga, alias 'otoniel' para que se pronuncien sobre la decisión. 

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Entre las víctimas que firmaron la tutela está la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica que representa a las comunidades afro del Atrato chocoano, víctimas de desplazamiento en el 1997 en medio de la operación 'Génesis' del Ejército y las incursiones de los extintos grupos paramilitares.

La tutela también la firmaron los representantes de la Comunidad de las Camelias; comunidad de la Larga Tumarado; y Comupaz.

Ellos pidieron la medida cautelar que suspendió la extradición y le dijeron al Consejo de Estado que la salida del país de alias ‘Otoniel’ vulnera sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

“Solicitud que elevamos al evidenciar que se han agotado todas las instancias posibles de parte de las victimas acá firmantes, (…) es menester mientras se resuelve a fondo esta acción constitucional”, dice uno de los apartes de la petición.

Más adelante señalaron que “no existe medio de defensa judicial efectivo para la protección de nuestros derechos fundamentales, toda vez que las víctimas no tienen participación en el proceso de extradición (…) básicamente éste es un trámite entre el Estado colombiano, el estado requirente y el procesado, donde legalmente no se encuentra prevista la participación de las víctimas”.

Una vez se conoció la decisión, no se hicieron esperar las reacciones desde varios sectores políticos, como la congresista María Fernanda Cabal, quien indicó que: