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Manifestaciones Bogotá
Pepe Morón

Las movilizaciones del año 2019 en oposición a las medidas económicas, el incumplimiento de los acuerdos de paz, el exceso de fuerza de la policía antidisturbios (Esmad) y la muerte del joven  Dilan Cruz, fueron la antesala del histórico fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó proteger la protesta social.

Fueron catorce órdenes emitidas por la Corte a todas las entidades del Gobierno Nacional, incluida la Policía Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y el propio presidente Iván Duque.

El fallo reconoció “detenciones arbitrarias ilegales, violencia policial, uso excesivo de la fuerza y que eso se traducía en asesinatos y lesiones personales”, dijo el abogado Alirio Uribe, del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que hace parte de la veeduría a la sentencia.

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La primera orden de la Corte sobre no repetición de los hechos no se ha cumplido y eso se constataría en los hechos ocurrido en los últimos meses en medio del paro nacional.

“Se presentaron más de siete mil casos de violación de derechos humanos, mas de 87 asesinatos a bala, mas de 200 heridos a bala, 86 jóvenes que fueron mutilados en sus ojos porque les dispararon”, dijo Uribe al señalar que no solo el Gobierno “no acató la sentencia, sino que incrementó de manera sustancial la violencia policial”.

Por su parte Sofia Forero, investigadora de la organización Dejusticia -que también hace veeduría al fallo-, señaló que el cumplimiento de las ordenes solo se ha quedado en el papel

“El propósito principal era lograr una reestructuración del uso de la fuerza y eso en la práctica no se ha cumplido porque hemos visto que los agentes de la fuerza pública siguen actuando igual”, puntualizó.

Para cumplir la orden cinco y seis, el Gobierno convocó a una mesa de diálogo y emitió el decreto 003 de 2021 sobre el estatuto de reacción uso y verificación de la fuerza legítima del Esmad y protección al derecho a la protesta pacífica ciudadana – como lo ordenó la Corte-; también se creó protocolo de verificación de capturas y traslados.

Sin embargo, según las veedurías, ninguno de esos documentos ha servido “el cumplimiento del estatuto ha sido problemático (…) el propósito era lograr una estructuración del uso de la fuerza y eso en la práctica no se ha cumplido”, dijo Forero.

La investigadora de Dejusticia también enfatizo que “el protocolo de verificación de capturas no cumple los estándares y en la práctica tampoco permite a las organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos realizar esas verificaciones”.

El abogado Uribe dijo que se suspendió la escopeta calibre 12 del Esmad, pero en cambio, los uniformados empezaron a usar otras armas.

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“En los hechos del paro no se uso la escopeta calibre 12, pero se usaron armas de fuego; es decir que el hecho de no utilizar armas de fuego que pueden producir lesiones o muertes, no se ha cumplido”, dijo.

La veeduría al fallo también constató que el presidente Duque no ha emitido un acto administrativo para no estigmatizar la protesta social y que el Congreso tampoco ha emitido una ley Estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta pacífica.

El Tribunal Superior de Bogotá abrió un incidente de desacato por incumplimientos al fallo de la Corte y actualmente está estudiando las pruebas que entregó el Gobierno para intentar comprobar que si se ha cumplido la sentencia.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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