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"Hubo casos muy graves y se ha esperado mucho": experta pide despenalizar el aborto

Con 17 años de investigación, asesoró a la Corte Constitucional en el espinoso tema que debe definirse en los próximos días.

La abogada Viviana Bohórquez, candidata a doctora en derecho de la Universidad de los Andes, estuvo convocada por los magistrados de la Corte Constitucional para que entregara su concepto sobre el aborto, en el marco del nuevo debate que se abrió en Colombia sobre la ponencia que propone despenalizar el aborto en cualquier circunstancia. 

La investigadora, quien lleva 17 años estudiando sobre el enfoque jurídico de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aseguró que en el país existen muchas barreras que están documentadas a través de realidades consignadas desde las ONG, los hospitales y en las experiencias de las mujeres. 

En contexto: Ponencia de la Corte Constitucional pide despenalizar el aborto antes de la semana 16

“Yo creo que existen muchas barreras en Colombia; desde 2006 la Corte Constitucional ha recibido muchas tutelas y todavía hay muchas por resolver”, dijo.

Cabe mencionar que se han resuelto quince tutelas interpuestas por mujeres que tuvieron toda clase de obstáculos para poner fin a sus embarazos, por diferentes circunstancias, que para ellas eran válidas. 

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[AUDIO[] abogada Viviana Bohórquez, consultada por la Corte Constitucional sobre el aborto.

0:27 5:25

“Hemos tenido casos muy graves, donde se ha esperado mucho tiempo, y otros en los que incluso se ha reconocido reparación”, dijo.  

Frente a la ponencia de 111 páginas que presentó el magistrado Alejandro Linares a sus compañeros de la Corte Constitucional en la que pide no penalizar la IVE en todas sus causales hasta la semana 16 de gestación, Bohórquez consideró que es una solución idónea al debate. 

“El magistrado Linares buscó una salida constitucional correcta porque el modelo de la sentencia de 2006 es por causales. Y es ahí donde surgen los inconvenientes porque se centran en el concepto de los médicos que deben certificar si hay riesgo, si hay malformación o si existe una denuncia por casos de malformación congénita”, aseguró. 

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Bohórquez presentó su tesis de doctorado en “Aborto, 30 años de cambios institucionales a favor de los derechos de las mujeres” y sustentada en ella, manifestó que la voz de las mujeres está invisibilizada. 

“Lo que se busca es que las mujeres tengan un plazo razonable que para él es de doce semanas, para que las mujeres decidan libremente y simplemente vayan y le digan al médico 'necesito un aborto' y el médico no tenga que evaluar nada, que su voluntad sea libre e informada para interrumpir el embarazo, así se elimina el 90 por ciento de las barreras”, indicó. 

Durante su investigación identificó que existen muchos obstáculos para las mujeres que en Colombia buscan abortar, como son la objeción de conciencia, objeción de conciencia institucional, fallas administrativas, ausencia de información, solicitud de requisitos adicionales, esperas injustificadas (es el más frecuente pero incluso se pasan entre 5 y 7 semanas del embarazo).

 "Una cosa es un aborto a las doce semanas y otra es cuando ya tiene entre 20 y 23 semanas, cuando los médicos empiezan a dilatarlo es como si fuera una cultura institucional", afirmó.

Otras de las barreras que se encuentran las mujeres que están tratando de decidir sobre continuar o no con el embarazo son los juicios morales de la sociedad y la atención en los hospitales públicos, a los que la gran mayoría debe acceder por su condición económica. 

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La investigadora, en entrevista con RCN Radio, resaltó que las mujeres que padecen violencia psicológica pero no sexual y que buscan interrumpir el embarazo por las agresiones de las que son víctimas, no son atendidas y se enfrentan a las objeciones de los médicos. 

Cabe mencionar que su investigación en Bogotá arrojó que los médicos que se abstienen de practicar los abortos aún cuando se cumplen las causales, no son sancionados con rigurosidad. 

“En un derecho de petición que presenté ante la alcaldía, encontré que se habían sancionado cuatro EPS y tres hospitales”.