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El exgobernador de Santander sostiene que Fernando Carrillo presionó de manera indebida el proceso penal.

HUGO AGUILAR
Colprensa

El coronel (r) Hugo Aguilar Naranjo presentó este lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda en contra del procurador General, Fernando Carrillo Flórez por lo que considera una presión indebida en el proceso penal que se le adelanta por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La defensa de Aguilar cita en la demanda las declaraciones hechas en ruedas de prensa y en entrevistas con medios de comunicación, en las cuales el jefe del Ministerio Público manifestó que existían las pruebas suficientes para enviarlo a la cárcel por este caso, omitiendo la decisión de un juez de garantías que ordenó su libertad. 

"Ejerció una presión indebida en contra del proceso penal que se adelanta en Colombia en contra del Coronel, su esposa y su suegra. Además el Ministerio Público extralimitó sus funciones y a su vez usurpó las funciones penales de investigación, imputación y judicialización que debe ejercer la Fiscalía General de la Nación", precisó Aguilar.  

En este sentido señala que con esas declaraciones, Carrillo Flórez desconoció la independencia de sus funciones, lo que a su juicio representa una violación al debido proceso y al derecho a la defensa, hecho por el cual le pide al organismo internacional que se tomen acciones de fondo. 

Aguilar le pide a la CIDH que emita una sentencia "con el fin" de que la Procuraduría no usurpe las funciones legales y constituciones de la Fiscalía General de la Nación.  Que se ordene a la Procuraduría General de la Nación se garantice que la actuación de los todos y cada uno de los procuradores judiciales que actúen al interior del proceso sea imparcial y objetiva".

Señala que será un juez de conocimiento el que resuelva la apelación presentada por la Fiscalía General en contra la decisión de un funcionario judicial de garantías quien decidió que no se cumplían las exigencias para cobijarlo con una medida de aseguramiento en centro carcelario. 

Frente a esta situación, el abogado Sergio Ramírez señaló que con sus declaraciones, el Procurador General afectó el principio de inocencia que cobija a todos los procesados, puesto que incluso pidió repetir la audiencia de imputación de cargos en contra del corone en retiro, su esposa Mónica Barrera y su suegra, Socorro Carreño.  

“La acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Procurador General Fernando Carrillo, concretamente por las manifestaciones que realizó ante un medio periodístico sugiriendo una reformulación de imputación cuando ya un juez con funciones de control de garantías de orden constitucional en Colombia, determinó que no existían méritos para imponer una medida de aseguramiento de detención intramural en contra del señor Aguilar Naranjo y de su núcleo familiar compuesto por su esposa Mónica Barrera y su suegra Socorro Carreño”, explicó. 

“Además, haciendo aseveraciones tales como que se justificaba una detención intramural de haberse procedido en la audiencia de imputación por el delito de enriquecimiento ilícito ya no de servidor público y ya no de particular. Esto sin lugar a dudas que rompe el principio de imparcialidad y objetividad que debe gobernar las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación como sujeto interviniente en el proceso penal”, agregó.

El exgobernador de Santander Hugo Aguilar no aceptó cargos los delitos de lavado de activos, y enriquecimiento de particulares, al ser señalado por la Fiscalía de un presunto incremento injustificado en su patrimonio durante los últimos años. 

La diligencia que se adelantó el pasado mes de febrero fue decretado por el juez 74 con funciones de garantías de Bogotá, la libertad del ex gobernador de Santander Hugo Aguilar, así como de su esposa Mónica Barrera, su suegra Socorro Carreño, del particular y Jeison Albeiro Sáenz, en relación con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En ese sentido, el juez indicó que no procedía imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por falta de sustentación de la Fiscalía General en relación con responsabilidad de los implicados en los delitos investigados y su presunta intención en obstruir las investigaciones. 

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