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Piden a la Corte Constitucional no aceptar el artículo que incluyó el Centro Democrático a la ley.

Corte Constitucional de Colombia
Corte Constitucional de Colombia
Colprensa

No se vio con buenos ojos por parte de organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) las modificaciones que el Centro Democrático impuso a la ley procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), exactamente el artículo 75 de la Ley 1922 de 2018, cuyo apartado establece que miembros de las Fuerzas Militares tendrán un proceso diferenciado que se dará a conocer en un plazo de 18 meses por el Congreso.

A través de un concepto enviado a la Corte Constitucional, en el marco del estudio de una demanda a ese articulado, HRW hace fuertes críticas a la legislación de implementación del acuerdo final de paz con la exguerrilla de las Farc.

José Miguel Vivanco, en representación de HRW, argumentó que la norma tal cual como está puede desmejorar las posibilidades de justicia para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

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En diez folios enviados al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien es el ponente de la decisión, Vivanco explicó que Colombia tiene unas obligaciones internacional que podrían verse afectadas o en contra vía de dicha normatividad.

Lo mismo señaló Alberto Brunori, representante de la ONU, para los Derechos Humanos.

“Contrarias a las obligaciones internacionales del Estado Colombiano de investigar, juzgar, y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, dice el concepto de la ONU.

La implementación de ese artículo, de acuerdo con la ONU, es un estancamiento de los trámites que involucra a militares,  “condiciona la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a las decisiones individuales de los involucrados, creando un tratamiento diferenciado para las víctimas que carece de racionalidad y coherencia”.

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Por su parte, HRW, señala que el artículo que introdujo el Centro Democrático “puede impedir que se lleven a cabo investigaciones y procesos penales por crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas”

Además advierte que de avalar el artículo los procesos penales que se verían afectados incluyen aquellos que involucran la ejecución extrajudicial de más de 3.000 personas, conocidas como ‘falsos positivos’ por parte de oficiales y soldados del Ejército entre 2002 y 2008.

También se verían afectados procesos que involucran delitos de violaciones sexuales, desapariciones forzadas y torturas.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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