Alrededor de 160 alcaldes y algunos gobernadores estarían relacionados con las irregularidades detectadas en los millonarios contratos.

Ante un fiscal especializado respondió diligencia de interrogatorio María Elvira Valencia Gómez, abogada experta en seguimiento y control de contratación, sindicada de tener relación con presuntas irregularidades que se habrían presentado en el manejo de los recursos para el posconflicto.

A su ingreso al búnker de la Fiscalía su abogado, Pedro Condia, indicó que Valencia Gómez se acogía a su derecho a guardar silencio y acudía a la diligencia con el fin de conocer las pruebas que tiene la Fiscalía en relación con este proceso.

El ente investigador identificó a un grupo de intermediarios que estarían interesados en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos.   

Por estos hechos también fueron citados a interrogatorio Marlon Marín, sobrino del excomandante guerrillero Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez',  José Domingo Ardila Neira, María Isabel Rueda Rueda, Yéssica Gómez, Nayib Vergara, Viviana Arias Garzón, Sonia Velosa Mogollón y Aldemar Cuello. 

En la noche del jueves agentes de Policía Judicial adelantaron una serie de allanamientos e inspecciones judiciales a diferentes inmuebles de los presuntos integrantes de la red de intermediarios que pretendía acceder a la adjudicación de millonarios contratos relacionados con proyectos productivos para reinsertados durante el posconflicto.

RCN Radio conoció en primicia que por orden de la Fiscalía a cargo del caso fueron practicadas en una primera fase cuatro diligencias de allanamiento en Bogotá a las residencias y oficinas donde laboran varios de los presuntos miembros de la red de intermediarios que buscaba porcentajes sobre el valor mismo de los millonarios contratos.

De acuerdo con los investigadores, alrededor de 160 alcaldes y algunos gobernadores estarían relacionados con las irregularidades detectadas en los millonarios contratos.

Los investigadores del caso indicaron que las evidencias demostrarían que Marlon Marín, sobrino del exlíder de las Farc Iván Márquez - capturado en el mismo proceso por narcotráfico contra Jesús Santrich, también estaría involucrado con estos graves hechos de corrupción en contratos.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, advirtió en su momento que los investigadores recolectaron pruebas que evidencian graves irregularidades, las cuales fueron puestas en conocimiento del propio presidente de la República, Juan Manuel Santos.

“La sociedad colombiana está preocupada por el manejo de los recursos para el posconflicto y en particular para unos recursos que tienen que ser sagrados, que son justamente los que se han venido apropiando del presupuesto nacional por virtud de la cooperación internacional para desarrollar proyectos productivos en beneficio de un grupo de reinsertados a quienes la sociedad les tiene que ofrecer alternativas de economía lícita”, dijo el fiscal Martínez.

El fiscal también señaló: “Pero, si los recursos para desarrollar estos proyectos productivos se desvían, no solamente vamos a cometer una felonía - desde el punto de vista de la moralidad pública - sino que le haremos un grave daño e irreparable al proceso de reconciliación de los colombianos”.

De igual forma, precisó que las indagaciones en torno a este escándalo se vienen adelantando desde el año pasado  con la práctica de pruebas de controles técnicos y seguimientos legales.

Según el fiscal, se estableció que los intermediarios implicados en este caso, incluso, habrían tenido acceso a información privilegiada sobre los proyectos en trámite de adjudicación.

Trascendió que una de las mujeres que tendría relación con esta red de intermediarios adelanta contactos con la Fiscalía General para ser escuchada en interrogatorio, con el fin de dar las explicaciones frente a este proceso.

No obstante, ante la contundencia de las pruebas no se descarta que la Fiscalía decida próximamente solicitar audiencia para imputación de cargos contra varios de los involucrados con estos hechos de corrupción con los dineros del posconflicto.
 

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