A imputación 21 excontratistas de Cardique por millonario detrimento
Los millonarios contratos comprometidos tenían por objetivo la limpieza de arroyos y reservorios.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la imputación de cargos a 21 excontratistas de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), por irregularidades en la celebración de 220 contratos, en el 2016.
Los 21 contratistas judicializados en esta oportunidad fueron sindicados de ser responsables de un detrimento patrimonial superior a los 15 mil millones de pesos.
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De acuerdo con la Fiscalía, tales afectaciones se habrían concretado, luego de la celebración de varios contratos para la limpieza de arroyos y reservorios.
Las investigaciones permitieron establecer que para concretar el ilícito, los implicados habrían adulterado documentos privados, además de omitir el cumplimiento de los requisitos de ley en la suscripción de los referidos contratos.
Entre los excontratistas que fueron imputados por la Fiscalía se encuentran: César Augusto Angulo, Vicente Román Cumplido Hernández, Norma Hernández Castillo, Abraham Álvarez Díaz, Juan Carlos Sánchez, José David Díaz, Yelena Patricia Guerra, Clara Luz Zollmer, Alexis Vega Vega y Vladimir Marrugo.
Igualmente, fueron procesados por los fiscales especializados: Álvaro Alfonso Arrieta, Joiser Martínez Álvarez, Sujey María Bermúdez, Merlys Johana Terán, Mercy Adela Payares, Lilibeth Nayibe Ariza y Moisés Armando Martín Padilla.
Con estas 21 nuevas imputaciones ya son 29 las acciones judiciales que hacen parte de la segunda fase de investigaciones por el caso de corrupción de Cardique.
En la primera fase, la Fiscalía imputó cargos contra seis exempleados de la misma corporación, cuyos procesos ya se encuentran en etapa de juicio.
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En el transcurso de las primeras labores judiciales fueron procesados el exdirector Olaf Puello Castillo, y a la exsubdirectora, Katherine Martelo Fernández, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento y enviados a la cárcel.
La Fiscalía agregó que los otros imputados fueron cobijados con medidas no privativas de la libertad.
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