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El empresario Roberto Prieto.
El empresario Roberto Prieto es investigado por el caso Odebrecth.
Colprensa

Los empresarios Leonardo Castro y Francesco Stoponi se sentaron este miércoles en el banquillo de los acusados en el proceso que se adelanta por las irregularidades en el proceso de licitación del proyecto de la Ruta del Sol III.

La Fiscalía General le imputó a Castro, quien fungió como representante de la concesionria Yuma, el delito de celebración de contratos sin requisitos legales. Mientras que Stoponi, delegado de la firma Impregilo, deberá responder por el cargo de tráfico de influencias. 

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En la diligencia judicial, el fiscal del caso manifestó que para resultar beneficiados los representantes de estas empresas habría pagado millonarias comisiones para que se movieran influencias y así resultar beneficiados con los contratos.

El empresario Roberto Prieto Uribe -quien ya fue condenado a cinco años de prisión por estos hechos- habría recibido 961 millones de pesos para que moviera sus influencias.  

Dicha suma de dinero habría sido utilizada para tapar un déficit de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2014. En ese momento Prieto era el gerente de esa campaña reeleccionista.  

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Para evitar llamar la atención de las autoridades, dicha suma de dinero se justificó para la realización para estudios del diseño de construcción de un puente en Plato (Magdalena). 

Sin embargo, dichos estudios nunca se realizaron y el dinero fue "movido" para pagar favores y cumplir con las cuotas que se habían pactado para resultar beneficiados con este contrato. 

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La Fiscalía General citó en la imputación la declaración del empresario Eduardo Zambrano (quien ya firmó un principio de oportunidad) frente a los hechos que rodearon la firma de un otrosí de este millonario contrato. 

Los dos procesados se declararon inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía General. 

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