Imputan cargos a exmagistrado Camilo Tarquino por 'cartel de la Toga’
Esta nueva actuación de la Fiscalía se produjo tras la libertad concedida al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte.
La Fiscalía General recolectó una serie de elementos de prueba para solicitar imputación de cargos contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, por hechos de corrupción relacionados con el ‘cartel de la Toga’.
En el caso del exmagistrado, su nombre terminó salpicado tras el testimonio entregado por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
Esta nueva actuación de la Fiscalía se produjo poco después de los fuertes cuestionamientos que se generaron, luego del vencimiento de términos que condujo a que un juez dejara en libertad al también exmagistrado de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte.
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Ante la petición realizada por el ente acusador, se espera que próximamente se defina, por reparto, el juez competente y la respectiva fecha para la audiencia de imputación de cargos.
En el transcurso de las indagaciones, los nombres de exmagistrados como Tarquino, Ricaurte y Leonidas Bustos han sido mencionados como supuestos partícipes de esta organización de corrupción, señalada de cobrar millonarios sobornos a lideres políticos y otra serie de aforados constitucionales, con el fin de que fueran archivados sus expedientes judiciales.
En abril del 2018 rindió interrogatorio, ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, por su presunta responsabilidad en el escándalo del 'cartel de la Toga'.
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Esta diligencia hizo parte de una de las líneas de investigación abiertas por el que es considerado uno de los más graves hechos de corrupción judicial en la historia del país.
Según trascendió este caso no estaría relacionado con las funciones que cumplió Tarquino como exmagistrado de la Corte sino cuando ejerció como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
En su momento, el exgobernador Lyons señaló que el exmagistrado Tarquino supuestamente lo asesoró en toda una serie de procesos adelantados en su contra por la apropiación de recursos en Córdoba e incluso le llegó a exigir un monto cercano a los 20.000 millones para evitar las acciones judiciales en su contra.
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