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Organismos de inteligencia revelan que el computador contendría un largo listado de personas naturales y empresas relacionadas con esa guerrilla.

Guerrilla ELN
Foto: AFP

En medio de una gigantesca operación adelantada en conjunto entre la Fiscalía General y el Ejército Nacional fue decomisado un computador portátil que contendría  valiosa información en relación con los posibles testaferros y víctimas de la guerrilla del ELN con delitos relacionados con la extorsión.

RCN Radio conoció en exclusiva que se trata de un dispositivo electrónico que fue incautado por parte de las autoridades en desarrollo de un operativo realizado por agentes de los servicios de inteligencia del Ejército y de Policía Judicial del CTI, en el departamento de Antioquia.

Los investigadores revelaron que este decomiso constituye un duro golpe contra las estructuras financieras de la guerrilla porque pondría  al descubierto los nombres de aquellas personas y compañías que al parecer han estado prestando su nombre y facilitado sus servicios al ELN.

Una vez se hizo efectiva esta incautación, el computador quedó bajo la custodia  de los agentes de policía judicial y  bajo estrictas medidas de  seguridad fue trasladado desde Antioquia a Bogotá.

De acuerdo con los investigadores, ante la importancia del hallazgo judicial se  cumplieron reuniones de alto nivel con representantes de las Unidades especializadas de la Fiscalía y del  Ejército Nacional, para trazar el plan de trabajo y poner al servicio de este caso los investigadores que sean necesarios.

De igual forma, fueron designados  expertos en sistemas y análisis de información para adelantar una minuciosa verificación y revisión a todo el cumulo de información contenida en este dispositivo.

Es así como los agentes especiales trabajan en Bogotá para desencriptar en el menor tiempo posible  las claves y bases de datos que resguardan la información contenida  en el dispositivo, con el propósito de poder determinar si los nombres registrados corresponden a víctimas o a terceros ligados para la comisión de diferentes delitos cometidos por ese grupo armado ilegal.

"De corroborase la información que hasta el momento ha sido descubierta se podría estar frente a una computador que develaría parte de la estructura de funcionamiento de las red de finanzas y de extorsión aplicadas por la guerrilla del ELN", dijo uno de los agentes de las fuerzas especiales  a RCN Radio.

Fuentes judiciales señalaron que esta incautación  hace parte de uno de los primeros grandes resultados tras definirse una nueva estrategia de trabajo articulado entre el Ejército  y la Fiscalía con miras a impulsar de manera simultánea diferentes investigaciones en torno a una misma organización o personas implicadas  en delitos de alto impacto en  temas  como corrupción, crimen organizado  y  procesos de lavado de activos y extinción de dominio. 

Ordenes de captura contra jefes del ELN

Esta incautación se conoce en momentos en que la Fiscalía intensificó los operativos para hacer efectivas un total de 21 órdenes de captura contra cabecilla del ELN entre ellos cinco integrantes del Comando Central de esa Guerrilla.

Las órdenes fueron proferidas contra Nicolás Rodríguez, alias Gabino; Eliecer Herlinto Chamorro, alias Antonio García; Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Rafael Sierra, alias Ramiro Vargas; Gustavo Giraldo, alias Pablito; Gabriel Yépez, alias HH y Jorge Wilfredo alias Fercho.

La directora de la Unidad contra las Organizaciones Criminales, Claudia Carrasquilla, aseguró que para  poder capturar a estos jefes guerrilleros incluso se pedirá la Interpol emitir las respectivas ordenes de captura internacional. 

Sin embargo, la Fiscalía comunicó que la orden de captura contra Pablo Beltrán está suspendida por solicitud del gobierno de acuerdo a la ley 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

Pero así mismo, las órdenes de captura contra los otros integrantes del ELN y el Comando Central se mantienen vigentes.

La Fiscalía aseguró que esta decisión está relacionada con diversos hechos criminales contra la población civil y los grupos de desmovilizados.

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