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Corte Constitucional
Sala plena de la Corte Constitucional.
Colprensa

La Sala Plena de la Corte Constitucional inició este jueves las discusiones sobre la demanda que pide eliminar el modelo inquisitivo de investigaciones a los congresistas o la común ley 600 de 2000 que también se usa para juzgar a los aforados como magistrados.

La demanda pide que los congresistas sigan siendo investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, pero bajo el modelo de la ley 906 de 2004 o sistema penal acusatorio ante la Fiscalía, por el cual se investiga y se juzga a cualquier ciudadano colombiano.

La ponencia que presentó el magistrado Jorge Ibáñez iría en la línea de acoger los argumentos de la demanda. Sin embargo, el debate está demorado en iniciar de fondo por cuenta de tres impedimentos que presentaron los magistrados Alejandro Linares, Gloria Ortiz y Diana Fajardo.

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Los magistrados dicen que hacen parte del grupo de personas con fuero constitucional que tienen denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la decisión que se tome puede beneficiarlas o afectarlas penalmente.

“Tengo conocimiento de la existencia de denuncias y quejas presentadas en mi contra (…) a raíz de la decisión adoptada en relación con el aborto (…) la decisión que se adopte en este proceso podría incidir en la definición del sistema aplicable a las investigaciones y, de ser el caso, juicios que se adelanten en mi contra”, se lee en el impedimento que presentó Fajardo.

Algo similar dice el impedimento que presentó Ortiz, “la decisión que se profiera en este proceso puede representarme un beneficio o afectación en relación con el sistema aplicable en las investigaciones penales que se adelanten en mi contra”.

“Considero que la decisión que se adopte en el asunto de la referencia,  podría impactar la ley aplicable a los procesos penales que se adelantan en mi contra”, dice el impedimento de Linares.

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En ese fuerte debate que se avecina,  la procuradora Margarita Cabello Blanco ya presentó su concepto en el sentido de pedirle a la Corte que se abstenga de pronunciarse de fondo considerando que hay una “ineptitud de demanda”.

En otras palabras, “la Procuraduría considera que los cargos de la demanda de la referencia son ineptos para generar pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”.

La demanda se presentó por los abogados Mauricio Dueñas y Jaime Posada, después de la polémica que se desató por la renuncia del expresidente Álvaro Uribe al congreso con el fin de que sus investigaciones por presunta manipulación de testigos pasaran a la Fiscalía por supuestas faltas de garantías en la Corte Suprema de Justicia.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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