Investigación contra magistrados de la JEP está frenada en Comisión de Acusación
Hace cerca de un año se presentaron las denuncias pero las mismas no han avanzado.
En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes reposan algunas denuncias penales y disciplinarias que se interpusieron en contra de algunos magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), las cuales no han avanzado.
Fuentes de esa corporación le informaron a RCN Radio que varios problemas que se han presentado internamente tienen el proceso prácticamente frenado y a punto de ser archivado.
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En su momento, la presidenta de la JEP, Patricia Linares y el magistrado Alejandro Ramelli fueron denunciados por presuntamente haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias y utilización de asunto sometido a reserva.
En la acción judicial se advierte que Ramelli habría filtrado información a la magistrada Linares sobre el fallo que la Corte Constitucional había emitido sobre el acto legislativo que le dio vida a la JEP, sin que la sentencia hubiera sido publicada oficialmente.
Sin embargo, la investigación está prácticamente congelada por falta de pruebas y porque no han podido hacerse varias diligencias.
La indagación es dirigida por dos representantes a la Cámara, Ricardo Ferro del Centro Democrático y Mauricio Toro de la Alianza Verde.
El primero había determinado decretar unas pruebas para corroborar las denuncias, pero las mismas no se han podido practicar a falta de lograr un acuerdo con el otro congresista, que considera que no hay suficientes elementos.
Otro de los obstáculos que se presentó en medio del proceso, está relacionado con la dificultad que tuvieron para contactarse con la denunciante de los magistrados. Las fuentes señalan que ella no pudo ampliar y ratificar su denuncia porque dice no tener más información sobre los hechos.
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El tercer problema está relacionado con el hecho de que la Comisión de Acusación de la Cámara no tiene como ordenar una inspección para corroborar los correos electrónicos que se habrían compartido entre los magistrados de la JEP, porque en ese momento no existía el edificio de esa jurisdicción y tampoco había un sistema de cómputo que pueda ser objeto de verificación.
Fuentes informaron que todas estas dificultades han entorpecido la labor de los representantes investigadores y muy seguramente el proceso tendrá que ser archivado.
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