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Se trata de diferentes actos de corrupción en el país que involucran a alcaldes, funcionarios judiciales y contratistas.

Foto referencia Fiscalía
Margarita Cabello Blanco, Clara María González Zabala y Leonardo Espinosa Quintero son los integrantes de la terna.
Cortesía Fiscalía

La Fiscalía General logró vincular durante la última semana a 32 personas, entre funcionarios, contratistas y particulares, implicados en graves hechos de corrupción.

De acuerdo con el reporte de esa entidad, en total fueron judicializados siete funcionarios, 12 exfuncionarios y 13 particulares, que habrían puesto en peligro los recursos públicos en una suma superior a los 24.200 millones de pesos.

En el listado de vinculados aparecen alcaldes, exalcaldes, secretarios municipales, funcionarios judiciales y contratistas, entre otros.

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Adquisición irregular de predios 

Dentro de los implicados se encuentra Mauricio Martínez, alcalde de El Cerrito (Valle del Cauca) en el periodo 2012 - 2015, quien fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Según la Fiscalía, el exfuncionario compró con un sobrecosto de más de 1.600 millones de pesos de un predio conocido como La Aurora, de 48 hectáreas, para un proyecto de vivienda que no se pudo ejecutar, porque dicho predio no reunía los requisitos y estaba en un proceso de sucesión.

La avalancha de Mocoa

La Fiscalía imputó cargos a la exsecretaria de infraestructura de la Gobernación del Putumayo Marxlin Carolina Peñuela Castro y al alcalde de Mocoa para el periodo 2012-2015, Elver Porfidio Cerón, señalados de omitir su responsabilidad constitucional y no tomar acciones preventivas para evitar la tragedia ocurrida entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, que dejó 336 personas muertas y alrededor de 100 desaparecidos.

¿A donde fueron a parar la impuestos?

Los investigadores imputaron cargos a Lina María Correa Dominguez, exsecretaria de Hacienda de La Cumbre (Valle del Cauca), y el contratista Harold Hernan Moreno Cardona por presuntas irregularidades en dos contratos que tenían como objeto la asesoría y el apoyo a la Secretaría de Hacienda en el recaudo de los impuestos en mora del municipio, en el cual se defraudaron recursos por un monto superior a los 141 millones de pesos.

Jugando con dineros de las víctimas

Un juez dictó medida de aseguramiento contra un empleado de la Unidad de Víctimas de Chocó por presunta apropiación de ayudas dirigidas a los afectados por el conflicto. Presuntamente, el funcionario se apropió de los dineros públicos con la ayuda particulares que falsificaban los documentos de los verdaderos beneficiarios.

Según la investigación, serían 27 las familias afectadas con un detrimento patrimonial superior a los 125 millones de pesos. Una de las víctimas es un joven analfabeta y con discapacidad mental.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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