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ÁLVARO URIBE EN LA PLAZA DE BOLÍVAR
El expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Colprensa

Las autoridades están investigando los mensajes amenazantes que habría recibido en los últimos días la jueza 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo.

La funcionaria judicial, quien el pasado sábado 10 de octubre ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General y la Unidad Nacional de Protección. 

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El abogado penalista Jaime Granados Peña, defensor de Uribe Vélez, rechazó las amenazas contra la funcionaria judicial.

"Rechazo enfáticamente cualquier tipo de amenaza o intimidación a la Juez 30 de garantías de Bogotá y a todas las autoridades judiciales que día a día cumplen con la valiente tarea de administrar justicia. Pido a los funcionarios competentes que le brinden protección", publicó en su cuenta de Twotter. 

Por su parte, la representante a la Cámara, Jennifer Arias, pidió que se investiguen las amenazas. "Como mujer y como colombiana expreso mi solidaridad con la jueza 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo ante las amenazas que ha recibido contra su integridad. La Fiscalía debe investigar con celeridad  y hallar a los responsables". 

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Luego que la jueza 30 de control de garantías ordenara la libertad inmediata de Uribe los abogados de Iván Cepeda -reconocido como víctima en el proceso por manipulación y presión de testigos- y el exfiscal General, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo presentaron recurso de apelación para que se revisara la decisión.

Debido a esto el caso pasara a un juez de conocimiento que deberá determinar si deja en firme o no el fallo que ordenó la libertad del exsenador. 

Uribe fue cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria por parte de la Sala Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 4 de agosto de 2020 en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno.

Tras renunciar a su curul en el Senado, el caso pasó al sistema pena acusatorio (ley 906) por lo que la investigación en su contra será asumida por la Fiscalía General. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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