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Sequía en La Guajira.
RCN Radio.

La Corte Constitucional compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue disciplinariamente a los magistrados del Tribunal de Riohacha, por no vigilar al Gobierno sobre implementar medidas de protección para la comunidad wayúu, como lo ordenó el alto tribunal en un fallo del 2017.

En dicho fallo, del 2017, la Corte declaró la vulneración de derechos a la comunidad indígena que se desprenden de la falta de agua potable, salud y seguridad alimentaria y ordenó a la Presidencia, al gabinete ministerial y otras entidades de Gobierno, implementar un plan de acción y medidas urgentes encaminadas a proteger la comunidad.

Sin embargo, dos años después, dicho plan no existe. “A la fecha se carece del referido Plan de Acción” y tampoco existe un mecanismo en el que participe la comunidad wayúu encaminado a “una mejor articulación y coordinación” para superar la crisis humanitaria en La Guajira derivada de la falta de agua potable, salud y seguridad alimentaria.

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La orden para vigilar que se creara el Plan de Acción y el mecanismo se entregaron al Tribunal en el 2018, sin embargo, para la Corte no se ha hecho nada por parte del Tribunal para hacer cumplir el fallo de 2017. 

“Han transcurrido más de dos años desde la notificación de la sentencia del 2017 sin que existan avances siquiera mínimos en el cumplimiento (…)  ha otorgado dos plazos innecesarios el 12 de julio de 2019 y el 15 de junio de 2020 para la presentación de un Plan de Acción”, sostiene la Corte.

Además, la Corte cuestionó que el Tribunal no diera respuesta a tres solicitudes de información sobre lo que ha hecho para hacer cumplir el fallo del 2017.

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Lo que bien demuestra no apenas la reticencia del Tribunal a atender los requerimientos de esta Corporación sino el grado de importancia que dio a una sentencia declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales”, cuestionó la Corte.

Por esa razón, la Corte solicitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigar las posibles omisiones del Tribunal y decidió 'ponerse la camiseta' y vigilar ella misma el cumplimiento del fallo emitido en 2017.

“A pesar de que el juez de instancia (el Tribunal de Riohacha) cuenta con instrumentos para hacer obedecer el fallo, no ha adoptado las medidas necesarias para lograr su cumplimiento”, se indica en la decisión.

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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