'Jalón de orejas' de la Corte Constitucional al Gobierno por crisis carcelaria

El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, advirtió de falta de coordinación por parte de las entidades del Estado, para combatir la crisis carcelaria en el país y la vulneración de los derechos fundamentales de los internos.

En medio de una audiencia pública en el alto tribunal sobre el tema, el magistrado Linares señaló: "Veo que cada uno de ustedes (Contraloría, Procuraduría y Defensoría) dispara por lados distintos, (…) no veo una coordinación entre ustedes en una problemática tan grave de vulneración de derechos".

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Desde 1998, cuando por primera vez la Corte puso sus ojos en la grave violación de derechos humanos dentro de las cárceles, el Gobierno ha venido tratando de implementar políticas de choque para combatir la crisis carcelaria.

Sin embargo, los análisis que han hecho entidades no gubernamentales, señalan que aun no ‘se ve la luz al final del túnel’.

José Libardo Ariza, director del grupo de prisiones de la Universidad de los Andes, asegura que el problema en vez de reducirse va en aumento.

 “Si comparamos la cifra de hacinamiento del año 98 -que era cercana al 36 por ciento-, con la cifra de hacinamiento de hoy -que es cerca al 46 por ciento- la crisis ha empeorado”.

Al respecto Pula Robledo, delegada ante la Defensoría del Pueblo, admitió que aunque la entidad ha trabajado de la mano con la Procuraduría elaborando informes al respecto, falta más coordinación.

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“La producción de normas técnicas no ha empezado en estricto sentido (…) yo creo que nos podemos coordinar mucho mejor, podemos trabajar mancomunadamente”, insistió.

Frente a la pregunta de la magistrada Gloria Ortiz sobre eliminar o modificar el modelo de seguimiento sobre la crisis carcelaria, las entidades no gubernamentales coincidieron que se debe modificar el modelo argumentando que “se queda en teoría o no se estructuralista” a favor de los internos.

“El seguimiento que se hace es más en base al papel y a llenar informes que se establecen en ayuda para la Procuraduría, Contraloría y Defensoría, pero que no cubren la realidad de la problemática carcelaria”, dijo Esperanza Bustamante de la comisión de seguimiento de la sociedad civil.