JEP da inicio al proceso por los falsos positivos de Soacha
Este viernes será la primera audiencia contra 14 militares implicados en el asesinato de cinco jóvenes, presentados como muertos en combate.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó para este viernes, la audiencia de sometimiento en contra de 14 miembros de la fuerza pública involucrados en los denominados falsos positivos de Soacha.
En este caso, cinco jóvenes fueron llevados con engaños a Ocaña (Norte de Santander) donde fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate.
Los hechos se registraron entre los meses de enero y agosto de 2008. Las víctimas fueron identificadas como César Mesa Vargas, Jader Andrés Palacios Bustamante, Víctor Fernando Gómez Borrero, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez y Diego Alberto Tamayo Garcerá.
Los citados por la justicia especial son dos oficiales, un suboficial y once soldados de las Fuerzas Militares que responderán por los delitos de desaparición forzada, homicidio y concierto para delinquir.
En la audiencia, que iniciará a las 9 de la mañana, se notificará a los procesados sobre las condiciones para tener la libertad transitoria, condicionada y anticipada que ya les fue concedida.
La JEP había citado a responder a este primer grupo de 14 militares dentro de la priorización del caso “No. 003 sobre el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales”, conocido como los ‘falsos positivos’, registrados en diferentes regiones del país.
También fueron invitadas por esta jurisdicción cinco familiares de las víctimas de estos casos, entre ellas varias de las madres de los jóvenes de Soacha (Cundinamarca), cuyos hijos fueron reportados como guerrilleros y delincuentes muertos en combate.
Por disposición de los magistrados, los familiares de las víctimas de falsos positivos serán ubicados en una sala alterna a la que fue designada para llevar a cabo la audiencia con los militares y a través de video intervendrán durante aproximadamente media hora.
El expediente No. 003 es considerando de suma importancia, “dada la gravedad del caso, el impacto por la vulnerabilidad a las víctimas, la magnitud del fenómeno, su extensión, el número de los posibles responsables de las ejecuciones y la gran información que se tiene sobre este caso”.
De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Defensa, 2.159 miembros de la fuerza pública han suscrito acta de sometimiento ante la JEP, de los cuales 2.109 son integrantes del Ejército.
Los informes recibidos señalan que entre los años de 1988 y 2014 se registraron 2.248 víctimas. El modus operandi casi siempre fue el mismo, “se presentaban campesinos, habitantes de la calle o personas de bajos recursos económicos como integrantes de grupos armados ilegales abatidos en combate”.
"Según la información recibida, el 45% de las víctimas eran campesinos y el 30% se dedicaba a actividades productivas informales de las ciudades. Asimismo la Fiscalía indicó que, en una primera etapa del fenómeno, las víctimas fueron en su mayoría pobladores de zonas rurales que eran señalados de estar relacionados con las guerrillas y en una segunda etapa las víctimas fueron en su mayoría habitantes de zonas urbanas en condición de vulnerabilidad", precisa la documentación de la JEP.
De los postulados para este caso ante la JEP, 1.750 son integrantes del Ejército. La justicia especial indicó que un 90% de los integrantes de la Fuerza Pública que manifestaron su deseo para recibir beneficios de la JEP, lo hicieron en procesos relacionados con estas ejecuciones extrajudiciales.
Zonas de mayor impacto
De acuerdo con los magistrados de la JEP, este fenómeno criminal ocurrió en 29 de los 32 departamentos del país, siendo Antioquia la zona donde se presentó la mayor cantidad de hechos, seguida de Casanare, Cesar, Meta y Norte de Santander.
Con base en los informes de la Secretaría Ejecutiva y de la Fiscalía, se pudo detectar que cuatro de las ocho divisiones del Ejército Nacional (la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima), concentran cerca del 60% de los casos.
En estas unidades están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos.
La JEP también tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llamó la atención de este fenómeno en el marco del examen preliminar que adelanta sobre la situación colombiana, desde junio de 2004.
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