JEP le cerró la puerta a dos exfiscales implicados en las 'chuzadas'
El tribunal especial concluyó que estas actividades ilícitas no tenían relación directa con el conflicto armado.
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Fueron varios los meses que los investigadores trabajaron para obtener las pruebas que hoy tienen en apuros a los presuntos delincuentes
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La Sección de Apelación de la JEP dejó en firme la decisión de no acoger la petición de sometimiento formulada por el excoordinador de sala de interceptaciones de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora y el exfiscal Fabio Martínez Lugo judicializados por el escándalo de las chuzadas telefónicas ilegales.
En el marco de su postulación ambos exfuncionarios judiciales habían planteado la posibilidad de suministrar información supuestamente relacionada con el exfiscal General, Néstor Humberto Martínez y el proceso de paz.
El pasado 11 de septiembre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas había rechazado en una primera instancia esta misma postulación y la respectiva petición de libertad transitoria.
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Estos dos exfiscales fueron acusados de supuestamente hacer parte de la red de interceptaciones de comunicaciones ilegales, registradas entre el año 2017 y 2018, a los negociadores de paz, abogados, empresarios, así como a pilotos, entre ellos a Julián Gustavo Pinzón, líder del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.
Gómez Góngora y Martínez Lugo, habían argumentado que las “chuzadas” que iniciaron con el extinto DAS se convirtieron en un delito de ejecución continuada que asumió la Fiscalía General de la Nación, donde trabajaron hasta el momento de su captura.
Sin embargo, la JEP no encontró ninguna prueba que demostrara que las conductas por las que son procesados en la justicia ordinaria, hagan parte de un “aparato institucional criminal” implementado para lograr ventaja militar o avanzar en la lucha contrainsurgente.
En la decisión de primera instancia, se determinó que las acciones de Gómez Góngora y Martínez Lugo correspondían a las cometidas por una empresa criminal particular, integrada por funcionarios y exfuncionarios públicos, que se dedicó a ofrecer servicios de interceptación ilegal de comunicaciones a cambio de sumas de dinero.
De acuerdo con los magistrados de la JEP las conductas criminales de los dos exfiscales, se enmarcan en una lógica de oferta y demanda que no está íntimamente ligada con el conflicto armado.
Fuente
Sistema Integrado de Información
