JEP le ordenó al Gobierno tomar medidas urgentes para proteger a indígenas en el Putumayo
Esto tras recibir ifnrmación sobre la presencia de grupos armados ilegales que minaron el territorio.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo adoptar medidas urgentes de prevención y protección en favor del pueblo indígena Muina Murui, comunidad de Guaquirá, de Puerto Leguízamo, Putumayo, para evitar y prevenir violaciones masivas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El tribunal le ordenó específicamente a la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos y su Sistema de Alertas Tempranas evaluar los riesgos y proceder a decretar una alerta temprana.
Igualmente, impartió las instrucciones necesarias que protejan a los miembros de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas del Municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo.
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De igual forma, la Sala de Amnistía o Indulto ordenó que se comunicara la resolución al Defensor del Pueblo Regional del Departamento del Putumayo, para que, mediante la Gestión Directa y en los términos de la Ley 24 de 1992, realice de manera inmediata los actos urgentes ante las autoridades civiles y militares del departamento.
El objetivo es que las autoridades activen los mecanismos de protección y prevención de la población civil señalada que está en riesgo.
Los magistrados de la JEP indicaron que esperan recibir de manera periódica los avances en relación con esta protección.
“Así como de los eventuales documentos de advertencia que se emitan y las demás actuaciones orientadas a conjurar la situación de riesgo sobre la que alertó la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP cuando informó a la Sala de Amnistía o Indulto sobre la presencia de grupos armados ilegales en este territorio”, indicaron los magistrados
Según la Unidad de Investigación de la JEP, “el contacto con la comunidad de Guaquirá en este momento es imposible, su territorio ha sido minado, la señal de internet y telefónica están afectadas, todo esto por el accionar de grupos armados ilegales”.
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Al Ministerio del Interior, la JEP le ordenó que adopte los actos urgentes necesarios para proteger a los miembros de esta comunidad indígena. Y, finalmente, solicitó remitir la decisión a la Dirección de Fiscalías del Putumayo, para que conforme a sus competencias asuma la investigación penal correspondiente.
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