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La Jurisdicción Especial para la Paz afronta una gran polémica, mientras el presidente Duque define futuro de la Ley Estatutaria. 

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RCN Radio

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Procuraduría y la Contraloría General que investigue su esquema de contratación.

"Con la convicción de que ha actuado transparentemente y con estricto apego a la ley, la @JEP_Colombia le pidió a la Procuraduría General (@PGN_COL) y a la Contraloría General (@CGR_Colombia) visitas especiales para revisar su contratación”, publicó en Twitter el organismo. 

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La solicitud se hizo tras dos denuncias hechas públicas por RCN Radio. La primera que Claudia Linares, hermana de Patricia Linares, presidente de la JEP, trabaja en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. 

Claudia Linares Prieto, hermana de la presidenta de esa jurisdicción, trabaja en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos desde septiembre del año pasado, entidad que fue creada dentro de los componentes de la Justicia Transicional.

La presidenta tiene como su asesora a Adriana María Lopera Hernández, quien en el 2001 fue secretaria privada del entonces gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, preso hoy por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. También, allí labora Alexandra Paola González, quien perteneció al Partido MIRA y Ana María Olivella López, quien fue asesora de la USPEC, entidad que dirigió la secretaria de la JEP, María Pilar Bahamón.

De igual forma, hay una resolución a través de la cual se nombra como magistrado auxiliar de Alejandro Ramelli, a Hugo Escobar Fernández de Castro, hijo de José Alfredo Escobar, el magistrado que fue polémico por ser amigo del empresario Giorgio Sale.

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La segunda denuncia tiene que ver con que personas que han cuestionado el caso del guerrillero desmovilizado Jesús Santrich fueron contratados por la Jurisdicción Especial para la Paz.  

Según se conoció, Nadia Gabriela Triviño López logró suscribir un contrato en la JEP de más 78 millones de pesos para ser ejecutado en este 2019, con el objetivo de “prestar servicios profesionales en las labores de asesoría jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante las salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales”.

Triviño es una abogada que integra la fundación Lazos de Dignidad, que ha trabajado por la libertad de Jesús Santrich y ha promocionado videos hablando de un supuesto montaje contra el exguerrillero. También se desempeñó como abogada de Iván Márquez y así se presentó ante la JEP durante algunas diligencias que se adelantaron el año pasado en ese tribunal.

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Otra de las contrataciones hechas este año incluyen a Ernesto Moreno Gordillo, contratado por más de 78 millones de pesos para “prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante las salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales”.

Moreno fue uno de los abogados que junto con Gustavo Enrique Gallardo interpuso un habeas corpus para tratar de lograr la libertad de Jesús Santrich. Lo mismo ocurre con el señor William Alberto Acosta Menéndez, contratado por los mismos 78 millones de pesos para brindar asesoría a la JEP y quien también hace parte de la fundación Lazos de Dignidad, que respalda a Santrich.

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