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Presidenta de la JEP, Patricia Linares
Presidenta de la JEP, Patricia Linares.
Cortesía: JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) manifestó su preocupación por la no aprobación  de una partida adicional de recursos que había solicitado al Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación del 2021.

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De acuerdo con los magistrados, dicha adicional presupuestal es clave y  fundamental para la debida atención y protección a las víctimas, testigos e intervinientes y para la debida operación de este tribunal especial.

La JEP señaló que esos recursos adicionales de inversión que no fueron aprobados ascienden a la suma de 30.014 millones de pesos y dicha  partida es indispensable para el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales de la Jurisdicción.

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En la proyección de la JEP se planteó que un total de 19.613 millones de pesos de esos recursos solicitados van destinados  para el programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes en la JEP, tarea que está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación.

De igual forma 4.100 millones de pesos van dirigidos a la representación y atención a víctimas en los procesos judiciales y en el de acreditación, teniendo en cuenta que se amplió el plazo para la presentación de informes a la JEP y que hay macrocasos en curso que demandan la participación de las víctimas

"6.300 millones de pesos para tecnologías de la información, que le permiten a la JEP tener una justicia más digital, transparente y ágil, al servicio de las víctimas, de los intervinientes en los procesos y de la sociedad en general", indicaron los magistrados de la JEP.

Asimismo la jurisdicción especial precisó que los millonarios recursos  fueron solicitados al Gobierno Nacional el 13 de julio pasado, una vez éste comunicó las cuotas presupuestales e incluso, posteriormente, se reiteraron el 21 de agosto y ya radicado el proyecto de presupuesto, el 28 de agosto y el 7 de octubre.

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"Aunque desde un inicio a la JEP no le fueron asignados los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto con una diferencia de 88.000 millones de pesos entre lo solicitado y lo asignado, consciente de las limitaciones fiscales por causa de la pandemia, ajustó sus necesidades y limitó la solicitud de adición a 30.014 millones, sin obtener el aval del Gobierno Nacional, lo cual es indispensable para la aprobación del Congreso", manifestaron los magistrados.  
 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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