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Cada uno de los civiles o agentes del Estado que pidieron que sus casos seas revisados por la JEP deberán cumplir varios requisitos.

Patricia Linares, presidenta de la JEP
La presidenta de la Jep, Patricia Linares y el Fiscal General encargado Fabio Espitia se refirieron al número de solicitudes de sometimiento que fueron radicadas por agentes del Estado o terceros.
Colprensa

La presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, anunció que se radicaron directamente ante este tribunal 657 solicitudes de sometimiento por agentes del Estado o terceros civiles, por hechos que tuvieron algún tipo de relación con el conflicto armado interno.

“Han llegado directamente a la Jurisdicción Especial para la Paz 657 solicitudes de ellas, 540 personas corresponden a terceros y 117 agentes del Estado, no miembros de la Fuerza Pública”, afirmó la magistrada.

Del total de las peticiones formales que se radicaron hasta el pasado viernes 6 de septiembre, 513 ya están distribuidas en la jurisdicción y se han iniciado los trámites en las salas.

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Mientras que 144 solicitudes se encuentran en proceso de reparto al interior del tribunal especial.

“Estas solicitudes serán tramitadas y conocidas por la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas, que deberá hacer un primer análisis determinando que los hechos tengan relación directa o indirecta con el conflicto”, dijo Linares.

También se tendrá en cuenta que los hechos se hubiesen cometido antes del primero de diciembre del año 2016 y que los solicitantes se comprometan a presentar un plan inicial de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Jurisdicción Especial de Paz evaluarán en conjunto cada uno de los programas, su efectividad y cumplimiento. “Esos planes deben ser concretos, claros y programados”, dijo la presidenta del tribunal especial.

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Cada una de las 657 solicitudes se analizará de manera detallada y se buscará responder a las necesidades restaurativas que tienen las víctimas.

“Este examen se tomará el tiempo que sea necesario, porque se analizará caso por caso. Ello, con el ánimo de evitar que personas que no tendrían el derecho de ser admitidos en la jurisdicción intenten hacerlo”, concluyó Linares, quien se pronunció de manera conjunta con el Fiscal General de la Nación, Fabio Espitia.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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