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Varias decenas de policías fueron secuestrados en Mitú.
Miriam Lasso, hermana del sargento de policía César Augusto Lasso, secuestrado por las Farc durante el ataque al municipio de Mitu (Vaupés).
AFP

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) reportó que han sido acreditadas, ante este tribunal, 394 miembros de la fuerza pública como víctimas dentro del Caso 01, conocido como el de secuestro. 

De acuerdo con el informe, 244 de estas personas, entre miembros de la fuerza pública y sus familiares, son víctimas de la toma de la base antinarcóticos de la Policía en Miraflores (Guaviare), el 3 de agosto de 1999.

La JEP también acreditó a 41 víctimas relacionadas con secuestros posteriores a la toma de Las Delicias en Puerto Leguízamo (Putumayo), 66 de la toma de Mitú (Vaupés), 27 de la toma de Cucutilla (Norte de Santander) y 16 de la toma de El Billar (Caquetá).

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Según los registros judiciales, todas estas víctimas estuvieron secuestrados por largos periodos, con la finalidad de ser intercambiados por guerrilleros presos. 

Entre las 394 víctimas acreditadas están los familiares de siete integrantes de la fuerza pública secuestrados y desaparecidos, como es el caso de los familiares del capitán Luis Hernando Peña, quien, en cautiverio, fue separado de sus compañeros y desde entonces no se tiene noticia de su paradero.  

Asimismo, entre las víctimas acreditadas están los familiares de Elkin Hernández Rivas y Édgar Yesid Duarte, quienes fueron asesinados después de más de once años secuestrados y “con tiros de gracia”, en medio de un intento de rescate militar.  

La prioridad de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para La Paz en estos hechos son el aporte a la verdad para la ubicación de las personas dadas por desaparecidas o de sus restos mortales.

La acreditación de las víctimas en la JEP garantiza su participación efectiva en todas las fases del proceso, con el fin de materializar el principio centralidad de las víctimas y el de justicia restaurativa que orientan todas las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

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De igual forma, la JEP indicó que tanto los uniformados como sus familias, podrán ejercer sus derechos a intervenir en el proceso, al hacer sus observaciones, aportando y solicitando evidencia, a recibir medidas de protección, a conocer la verdad sobre lo sucedido, y a que se haga justicia y se restaure el daño causado.

El reporte de la JEP añade que dentro del caso 01 de secuestros atribuibles a las antiguas Farc, la Sala de Reconocimiento ya ha acreditado un total de 1.959 víctimas. 

Entre el universo de víctimas se encuentran dirigentes políticos que fueron secuestrados con fines de canje, personas secuestradas con fines de extorsión, entre otros, así como familiares de personas desaparecidas y asesinadas después del plagio y otras modalidades de secuestro.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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