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La defensa del exjefe guerillero defendió la competencia de la Justicia Especial para la Paz 

Jesús Santrich
Jesús Santrich, exguerrillero de las Farc capturado.
Foto: Colprensa

Gustavo Gallardo, abogado de Jesús Satrich, señaló que espera que la Jurisdicción Especial para la Paz adelante un minuciosa revisión de la solicitud elevada por la defensa, para que se decrete la nulidad del proceso por narcotráfico que se sigue contra el exlíder guerrillero y se le otorgue la respectiva libertad.

El jurista indicó que en este caso se violó de manera abierta lo contemplado en la Constitución Política  a partir de haber acogido el acto Legislativo 01 de 2017, porque la justicia competente en este caso es la JEP y no la jurisdicción ordinaria.

"La autoridad competente desde un comienzo  para este caso debió  ser la Justicia Especial para la Paz , la cual tuvo que ser informada de inmediato sobre la solicitud de extradición y la respectiva orden de captura internacional emitida por la Interpol en contra de Santrich y no la Fiscalía General de la Nación", indicó el abogado Gallardo.

Así mismo indicó: "No es solamente es que la JEP revise desde que fecha a que fecha se registraron los hechos que señala la acusación formal de Estados Unidos, eso es realmente una actividad notarial y la JEP, efectivamente, no lo es".

Según el abogado Gallardo, en este caso la justicia especial tiene que ejercer también la garantía y el respeto por los derechos fundamentales de Santrich y revisar  en extenso la legalidad de las pruebas y que efectivamente existan indicios y señales de responsabilidad de el exlíder de las Farc.

La acusación formal del Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York,  da cuenta de hechos que habrían ocurrido a partir del mes de junio de 2017 y hasta abril de 2018, relacionados con un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos.

Según las investigaciones el precio de este cargamento habría sido convenido en 15 millones de dólares y en el mercado negro una suma que alcanza los 320 millones de dólares.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados constituyen, entre otros cargos, el delito de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos, tras los negocios pactados presuntamente con el llamado cartel de Sinaloa.

Abogado Gustavo Gallardo

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