John Calzones, exalcalde de Yopal, destituido e inhabilitado por once años

La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, por el término de once años, al exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, conocido como 'John Calzones'.

La decisión fue tomada por el Ministerio Público, por irregularidades en un contrato para el servicio de Alimentación Escolar destinado a los niños menos favorecidos del departamento. La decisión también cobija al exsecretario de Educación y Cultura, Fredy Alexander Estepa.

Las irregularidades que encontró la Procuraduría se relacionan en la forma cómo se celebró el convenio 01 de 2016 para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que según la investigación disciplinaria dicho convenio se entregó de manera directa a la Fundación Somos Manos Unidas, violando las normas de licitación pública. 

De acuerdo con lo establecido por la Procuraduría, el convenio tenía un costo de más de $3.086 millones de pesos y se entregó sin convocar a una licitación pública como lo exige la ley “violando el principio de transparencia y de selección objetiva de la contratación estatal”. 

Lea además: Cundinamarca declara calamidad pública por situación en la vía al Llano

La Procuraduría reprocha al exsecretario de Educación y Cultura haber suscrito los estudios del convenio y al entonces mandatario territorial, la firma del mismo. 

Es decir que el entonces alcalde de Yopal faltó a su deber de hacer una convocatoria pública para entregar la responsabilidad de la alimentación escolar, destinada para 16.000 alumnos de 23 instituciones del municipio en el 2016. 

“En su condición de Alcalde de Yopal, participó en la actividad contractual al parecer conculcando el principio de transparencia, el deber de selección objetiva y el principio de responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir la resolución No. 020 de 2016, (...) por valor de $3.086.624.854”, señaló uno de los apartes del documento de la Procuraduría que lo llamó a juicio disciplinario 

Añadió la Procuraduría que “desconociendo el objeto y las obligaciones materia del citado convenio correspondían a un contrato de suministro, que tendría por finalidad satisfacer una necesidad de la entidad territorial”.