José Elías Melo, el “socio estratégico” para el pago de sobornos de Odebrecht

El 15 de diciembre de 2009, el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) celebró la licitación para la construcción del proyecto de la Ruta del Sol II. La obra, una de las más importantes y ambiciosos en la historia del país, fue entregada a un consorcio del que hacía parte empresa brasileña Odebrecht y Episol-filial de Corficolombiana- de Colombia.

Sin embargo, detrás de ese proceso licitatorio existió un entramado de tipo criminal que vinculaba a los altos directivos de la multinacional brasileña, empresarios, particulares y funcionarios públicos de Colombia, quienes se aliaron para que el contrato vial les fuera adjudicado sin ningún tipo de contratiempos.

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Para garantizar la entrega de este gigantesco proyecto de infraestructura, Odebrecht ordenó el pago de millonarios sobornos. Para esto buscaron en Colombia una persona que les facilitara el trabajo y lograra cumplir sus pretensiones. El elegido fue el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta.

El economista tenía el conocimiento suficiente del sector de la construcción y la inversión en Colombia, situación que favoreció ampliamente a la multinacional brasileña en la obtención de sus objetivos.

En una reunión en un apartamento en el norte de Bogotá y en su oficina privada, Melo dio las instrucciones necesarias para que Odebrecht resultara beneficiada con este contrato de infraestructura. Para esto manifestó la necesidad de pagar “coimas” a funcionarios relacionados con la licitación.

Fue así como se puso sobre la mesa el nombre de Gabriel Ignacio García Morales, director del INCO. Era la persona que tenía toda la responsabilidad de la adjudicación de la Ruta del Sol II. En las mismas reuniones se fijó una cifra que al sol de hoy sigue pareciendo astronómica: 6.5 millones de dólares para que el contrato fuera entregado a Odebrecht.

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Fue así, como se empezaron a pagar las primeras comisiones para llegar a García Morales y convencerlo que aceptara las pretensiones de la multinacional. En diferentes reuniones se le puso de presente la “oferta” y la necesidad que los ayudara a direccionar el proceso de licitación y adjudicación.

En estos encuentros participaron Luiz Ignacio Bueno, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha Soares, los más importantes directivos de Odebrecht en Colombia. Las declaraciones que rindieron bajo la gravedad de juramento fueron la piedra angular para que el juzgado 14 de conocimiento decidiera condenar este lunes al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo.

Compra de la moralidad pública

El juez consideró que Melo fue clave en la “compra de la moralidad pública”. Para esto direccionó y dio órdenes específicas para que el soborno enviado por Odebrecht llegara a las personas que tenían relación y participación directa con el proceso de licitación y adjudicación de la Ruta del Sol II.

En las reuniones que sostuvieron Melo y Luiz Ignacio Bueno Junior se llegó a la conclusión de corromper al adjudicatario del contrato a como fuera lugar. Fue así como se fijó la distribución de funciones con el fin de acceder y convencer a todos aquellos involucrados.

“Siendo socios –en referencia a Melo y los representantes de Odebrecht., hablaron y planearon cómo llevar a feliz término el propósito común que los unía y así, en una perfecta distribución de funciones, empezaron las conexiones de compra de la moralidad pública a través del ya condenado Gabriel García Morales”, precisó el funcionario judicial en la lectura del sentido del fallo.

En este sentido se considera que Melo tuvo conocimiento directo sobre el pago de sobornos y coimas para beneficiar a Odebrecht. Prueba de esto son las acusaciones directas hechas por Luiz Ignacio Bueno Junior durante el juicio.

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“Es un hecho demostrado en el juicio que José Elías Melo Acosta conocía el pago de la coima a Gabriel Ignacio García Morales, mostró anuencia al pago e incluso permitió que Odebrecht asumiera el pago inicial de la coima y luego el porcentaje que le correspondía asumir a Corficolombiana como socio”, precisó el juez.

En este sentido advirtió que no se puede desconocer la magnitud del dinero que se movió para garantizar la entrega de este contrato y los cargos de los funcionarios que fueron permeados por este complejo acto de corrupción.

“No puede pasar inadvertido que no se trataba de una suma dineraria que pudiera haber sido catalogada como una limosna o un diezmo, era una suma considerable, eran 6.5 millones de dólares (…) Hizo las gestiones pertinentes para el rembolso a través de la cesión de contrato, el cual es inexistente o ficticio o irreal, solamente fue el vehículo documental para recuperar la coima como estaba acostumbrado, en toda su estructura corrupta incluso ofrecía a los buenos funcionarios contratos de asesoramiento internacional o vinculación para que accedieran a contratos”, indicó el funcionario judicial.

El próximo 28 de abril se conocerá el monto de la condena en contra del expresidente de Corficolombiana por su responsabilidad en los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Con el fin de garantizar su presencia en esa diligencia judicial, el juez le ordenó a las autoridades migratorias retener el pasaporte del ahora condenado para evitar que salga del país.