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MERCADOS DE CORONAVIRUS
Entrega de mercados en medio de la emergencia sanitaria.
Colprensa

Un juez Promiscuo Municipal de La Unión (Antioquia) dictó medida de aseguramiento de detención domiciliario, en contra de la Secretaria de Salud del municipio de Abejorral, Alba Nury Bedoya Arango, por estar implicados con actos irregulares en contratos cuyo objeto era la atención para la pandemia derivada por la propagación del coronavirus COVID -19.

En desarrollo de este proceso, la Fiscalía imputó cargos a Bedoya Arango como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, tentativa de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.

En la misma decisión, se impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra Juan Guillermo Gutiérrez Cortés, secretario de Gobierno, y Aldemar Andrés Tabárez Arenas, jefe de la Oficina Jurídica del municipio. 

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Los fiscales precisaron que ambos investigados continúan vinculados al proceso, con restricción para salir del país, y deberán presentarse cuando sean requeridos.

Tras ser interrogados por el juez a cargo del proceso, ninguno de los tres procesados se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.

La investigación está siendo liderada por agentes del grupo de tareas especiales Covid-19 de la Fiscalía General de la Nación y la Seccional Antioquia, con apoyo de la Dirección Especializada Contra la Corrupción.

Los fiscales establecieron posibles irregularidades cometidas en la celebración de un contrato para el suministro de víveres a personas en situación de vulnerabilidad y de elementos de aseo y bioseguridad, para contener y prevenir los efectos generados por el Covid-19 en esa población del oriente antioqueño.

De acuerdo con los peritos de la Fiscalía se evidenció que el contrato fue firmado el 27 de marzo de este año, por un valor superior a los 267 millones de pesos.

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Los investigadores también detectaron que se habría registrado un detrimento patrimonial que ascendería a los 19 millones de pesos.

La rápida intervención de la Fiscalía, junto a la Contraloría, en el marco de la estrategia Transparencia por la Emergencia, evitó que se ejecutará la totalidad del convenio y se perdieran otros 61 millones de pesos.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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