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La Corte Suprema de Justicia estableció límites de tiempo para que los jueces fallen los procesos que tienen a su cargo, que en cualquier caso no podrá pasar de un año.

La decisión la tomó al estudiar el caso de un hombre que demandó a la aseguradora de vehículos Allianz, pero que su proceso civil duró más de un año en un juzgado de Cali.

La Corte señaló que, salvo la suspensión del caso, los jueces de la República tienen plazo máximo de un año para solucionarlo y, en una segunda instancia, el tiempo es de seis meses después de haber recibido el proceso.

Transcurrido dicho tiempo, si el juez no ha emitido sentencia perderá competencia para conocer del proceso y debe informarlo al Consejo Superior de la Judicatura, quien remitirá el expediente al juez siguiente, el cual deberá solucionar el caso en máximo dos meses.

La Corte señala que si lo anterior no se cumple se estarían vulnerando los derechos fundamentales a recibir justicia para el accionante.

Salvo intervención o suspensión del proceso, no podrá transcurrir un lapso superior a un año para dictar sentencia de primera instancia o única instancia, contado a partir del auto admisorio de la demanda”, señala la sentencia.

El documento agrega que “del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia no podrá ser superior a seis meses, contados a partir de la recepción del expediente”.

La demanda que había interpuesto el hombre contra la aseguradora fue admitida el 26 de mayo de 2016; cuenta la sentencia que el 5 de julio de ese mismo año se notificaron a las partes.

Sin embargo un año después, es decir el 10 de octubre de 2017, el hombre solicitó la anulación del caso porque pasado dicho tiempo no se había emitido una sentencia.

Al respecto, la Corte Suprema en su Sala de Casación Civil hizo fuertes llamados de atención a los jueces que hacen cómputos innecesarios para resolver cualquier caso judicial.

Señaló que el país debe cumplir con estándares internacionales que obligan dar cumplimiento a tratados como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que sostiene que “toda persona detenida o presa será llevada sin demora ante un juez y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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