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Audiencia virtual
Fiscalía General de la Nación

Polémica generó entre colectivos de abogados penalistas y los jueces penales del país la exclusión, por parte de la Cámara de Representantes, de la justicia penal ordinaria del proyecto de ley que busca reglamentar de manera permanente la legislación transitoria que reguló la utilización de las TIC (tecnología de información y comunicaciones) y no la presencialidad en el sistema judicial.

Los jueces penales municipales que ejercen la función de control de garantías en el Sistema Penal Acusatorio de Bogotá expresaron su preocupación por el futuro de la administración de justicia, si el Congreso no otorga las herramientas adecuadas para su funcionamiento.

“En marzo de 2020, cuando la pandemia nos obligó a cerrar las sedes judiciales, las y los jueces de garantías de Bogotá, así como muchos otros servidores judiciales, asumimos un compromiso claro con las expectativas de la comunidad: no dejamos de operar, aprendimos otras maneras de hacer las cosas y aprovechamos, de la mejor manera posible, las herramientas jurídicas y los recursos a nuestra disposición, incluyendo los propios”, señala un aparte del comunicado que fue dado a conocer, en rechazo por la decisión de la Cámara.

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Señalaron que son muy graves las deficiencias que actualmente tiene el sistema judicial y que la virtualidad agilizó la realización de las diligencias en todos los procesos y no se presentó la congestión acostumbrada.

“Un resultado paradójico de ese ejercicio fue notar que, ante las falencias de los edificios judiciales (carentes de suficientes salas de audiencias, de difícil acceso para la ciudadanía bogotana, con medios de conexión limitados y muchas veces inseguros por su ubicación y su poca protección), el trabajo a través de videoconferencias y mensajes de datos hizo más fácil la gestión judicial, no solo para la justicia, sino para sus usuarios, como lo demuestra la estadística por el incremento de audiencias celebradas. Esto lo comprendió el Consejo Superior de la Judicatura, que ha enfocado sus esfuerzos en garantizar que el sistema judicial se digitalice y modernice”, expresaron.

También aseguraron que no es razonable volver a la presencialidad, conociendo las deficiencias que tiene ese modelo.

“... Aunque habrá casos en los que resulte indispensable convocar audiencias en salas físicas, que es algo que cada juez debe corroborar, estamos convencidos de que pretender que la alta demanda de justicia penal se maneje presencialmente como regla general, a pesar de la poca disponibilidad de salas, los precarios recursos del sistema carcelario para el traslado físico de personas detenidas y el incremento del riesgo de fracaso de las convocatorias por problemas logísticos, es insensato”, señalan.

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En ese sentido, le hicieron una solicitud formal al Senado de la República: “Por eso invitamos al Senado de la República a no dejar pasar esta oportunidad y a legislar de cara a la verdadera modernización de la justicia”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, aseguró en RCN Mundo que es muy lamentable que se retorne a la presencialidad cuando se ha demostrado que no funciona.

“Viene un colapso para la justicia penal (…), más de 200 mil audiencias tendrán que ser reprogramas porque hay cruces de agendas o en otras ciudades no se podrán hacer, esto generará el vencimiento de términos, las prescripciones de los procesos, es un gran día para quienes ejercen la delincuencia y la corrupción, un día lamentable para las víctimas que tendrán que asumir todo tipo de gastos, hacer filas y las audiencias que no se harán porque no hay sala”, dijo.

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Bernate señaló, además, que es una decisión que afecta directamente a la administración de justicia que pese a la pandemia, logró salir avante: “Una decisión que genera una desigualdad entre los ciudadanos”, dijo.

Al tiempo, aseguró que los periodistas serán los más afectados: “Será un acto de censura (…) el periodismo ya no podrá cubrir las audiencias abiertamente, ya no podrán cubrir varias audiencias en todo el país, porque el propósito es de censurar su trabajo y que las audiencias se hagan a puerta cerrada y que nadie pueda auscultar el trabajo de la justicia penal”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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