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El Distrito tendrá cinco días para presentar sus argumentos en el estudio de este caso.

Transmilenio por la Séptima, un proyecto que suscitó gran debate en el país.
Transmilenio por la Séptima, un proyecto que suscitó gran debate en el país.
Alcaldía de Bogotá

El juzgado 34 administrativo de Bogotá admitió para su estudio una acción popular presentada por la concejal María Fernanda Rojas en contra del proyecto de la troncal de TransMilenio por la Carrera Séptima. 

En la acción se manifiesta que es menester salvaguardar el medio ambiente y los bienes de interés cultural de Bogotá que se pueden ver afectados con la puesta en marcha de este proyecto.

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La concejal de la Alianza Verde manifiesta que existen irregularidades técnicas destacadas incluso por subdirector General de Infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Igualmente cita los conceptos de diversos expertos, urbanistas y centros de estudios de reconocidas universidades que han manifestado la inconveniencia de esta obra. 

En la acción popular se señala la existencia de falencias técnicas y ambientales que fueron omitidas en los estudios técnicos de la licitación que se abrió el 12 de diciembre de 2018.

“Celebramos que el juez haya aceptado la acción popular, nosotros debemos velar por proteger los intereses de los ciudadanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Desde hace meses vengo advirtiendo de los problemas técnicos y de infraestructura que esta obra les dejaría a los bogotanos”, aseguró la concejal María Fernanda Rojas.

La cabildante indicó que esta obra afecta irremediablemente el medio ambiente, la calidad de vida de los habitantes, el desarrollo de la fauna y la valorización de los inmuebles ubicados en inmediaciones de la Carrera Séptima, ya que producirá un grave impacto ambiental al tener que talar 1.431 árboles.

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En lo relacionado con la defensa del Patrimonio Cultural de la Nación y del Distrito, Rojas advirtió que las obras afectarán 16 Bienes de Interés Cultural tanto del orden nacional como distrital. 

Otro de los argumentos presentados en la acción jurídica es que el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y otros seis bienes se verán afectados por la obra de TransMilenio por Carrera Séptima, considerados Bienes de Interés Cultural Nacional por lo que se debería tramitar ante el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural las afectaciones posibles en la zona de Influencia determinada para cada uno de ellos. 

Por lo que sin dicha autorización de esas entidades no se podría proceder con la licitación. El único Bien de Interés Cultural que cuenta con autorización del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural es el Parque Nacional.

Sin embargo, la cabildante advirtió en el documento que inicialmente la intervención del Parque Nacional presentada y aprobada constaba de 10.74 metros de ancho.

“La cartografía del IDU sobre la obra aumenta su tamaño a aproximadamente 40 metros de ancho casi que cuadruplicando el área afectada original. De ser así, esta modificación debe contar con una nueva autorización del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural”, detalló. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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