Juez admitió tutela que busca repetir votación de moción de censura contra Karen Abudinen

La juez 31 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Betulia Orduña Holguin, admitió la tutela que interpuso la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, luego de la frustrada moción de censura contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo de corrupción en el contrato por más de un billón de pesos con la unión temporal Centros Poblados. 

La tutela fue interpuesta contra la mesa directiva de la Cámara de Representantes, luego que Miranda considerara que hubo 'jugaditas' durante la votación de la moción de censura, realizada el pasado 10 de septiembre. 

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En su momento le dijo a RCN Radio que se incumplió el mandato de la Corte Constitucional sobre este tipo de votaciones y que los congresistas solo se registraron para cobrar el sueldo pero no para cumplir con la labor para la que habían sido citados. 

"Se permitió que los congresistas que estaban y se registraron para cobrar su sueldo, no votaran la moción, que fue para la único que estábamos convocados. No tramitaron los distintos recursos de apelación que presentamos en el momento de la moción, para que se repitiera la votación, y lo más grave, hicieron caso omiso a la orden de la Corte Constitucional, de que estas votaciones se tienen que hacer de manera presencial", afirmó. 

Con este recurso se busca que se adelante una nueva votación y que sea "transparente", según manifestó la congresista. La juez 31 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá tendrá que definir si emite una decisión a favor o contra de la solicitud que hiciera la representante a la Cámara del partido Alianza Verde. 

Entre tanto, la exministra de las TIC busca ser reconocida como víctima dentro del proceso penal que se adelanta contra Emilio Tapia (condenado por el 'carrusel de contratos en Bogotá), Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros, por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

Según la Fiscalía, se cuenta con documentos, chats de Whatsapp y testimonios, entre las pruebas que la Fiscalía recopiló durante los últimos meses.