Juez emite medidas para frenar la deforestación en los parques Tinigua y Los Picachos

Debido a la grave situación que se está presentando en los parques nacionales naturales de Tinigua y Los Picachos por los incendios forestales y la deforestación, un juez de control de garantías ordenó medidas cautelares para frenar los asentamientos humanos y la destrucción de las áreas protegidas.

El funcionario judicial ordenó prohibir el ingreso, movilización y comercialización de ganado en estos parques, ubicados entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

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El juzgado le ordenó a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para que suspendan los sellos de ganado, bloquear las guías de movilización de semovientes y detener la expedición de bonos para el comercio de ganado en Los Picachos.  

#ATENCIÓN Jueces de garantías de #Florencia #Caquetá aceptaron solicitud #Fiscalía y emitieron medidas de protección en la #Amazonía. Se prohíbe ingreso, movilización y comercialización de ganado en parques naturales de la región y asentamiento de campesinos. Ya hay 20 capturados pic.twitter.com/YHC5tdvdQS

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 25, 2020

Esto con el fin de frenar la pérdida de cobertura vegetal en estas reservas y generar más controles para evitar daños que podrían ser irreparables.

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Con el objetivo de detener el crecimiento descontrolado de la población en los parques, se le pidió a los alcaldes de los municipios de San Vicente del Caguán, La Macarena y La Uribe frenar la emisión de certificaciones de colonos y suspender la autorización de permanencia temporal de personas en los parques naturales.

El Banco Agrario, igualmente, deberá detener el otorgamiento de créditos a quienes quieran desarrollar proyectos agropecuarios en parques de la Amazonía.

Finalmente, se le pidió a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General identificar las cabezas de ganado presentes en estos parques para proceder a imponer medidas como el embargo o secuestro contra las mismas.

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Por actividades en contra del medio ambiente en esta zona, la Fiscalía General le imputó cargos a 20 personas. La investigación señaló que durante cinco años estas personas habrían invadido las zonas de reserva y “acabaron con algo más de 1.800 hectáreas de selva para desarrollar actividades agropecuarias”.