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Carlos Mattos perdió privilegios en la cárcel de Cómbita en Boyacá
Carlos Mattos perdió privilegios en la cárcel de Cómbita en Boyacá
Foto: Tomada de video del Inpec

El juez 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, tumbó el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Carlos Mattos, por los sobornos millonarios que pagó a jueces de la República para salir beneficiado con medidas cautelares en el litigio judicial de Hyundai.

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En su exposición el juez argumentó que no acepta la negociación del preacuerdo, por considerar que no se tuvieron en cuenta aspectos importantes para garantizar la efectiva reparación de las víctimas, que en este caso son la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. 

Explicó también que, de acuerdo con el preacuerdo presentado existiría un doble beneficio para Mattos, al plantear una rebaja de la condena y que posteriormente se eliminara uno de los delitos, por lo que la negociación sería contraria a la ley. 

Este caso se relaciona con las coimas que se pagaron al juez sexto civil de Bogotá, Reinaldo Huertas, con el fin de que lo favoreciera en un millonario pleito judicial para lograr la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el soborno que supuestamente fue entregado al juez Huertas ascendió a los 700 millones de pesos. 

Precisamente por este caso se había acordado una condena de 56 meses de prisión (es decir 4 años y seis meses). De igual forma, tenía que comprometerse a contar todos los detalles de cómo se planificó y perpetró el soborno, además de pagar una indemnización de un millón de dólares y comprometerse a servir de testigo dentro del proceso.

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Por estos hechos en octubre de 2018 la Fiscalía General le imputó los cargos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño en sistema informático y cohecho.

En medio de la audiencia se conoció que el periodista Gonzalo Guillén, quien no fue reconocido como víctima interpuso una acción popular, sin embargo no existe ninguna orden o medida cautelar que hubiese afectado el desarrollo de la audiencia. 

El próximo 29 de marzo la Fiscalía General presentará nuevamente el preacuerdo con las correcciones que sean necesarias.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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