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Colprensa

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra tres de los implicados en el escándalo de los 'Papeles de Panamá', señalados de hacer parte de una red delincuencial para la compra y venta de facturas falsas con la intención de evadir impuestos a través de la conformación de sociedades en otros países.

Este llamado a juicio cobija a Luz Mary Guerrero, accionista y exrepresentante legal de la empresa Efecty, Jorge Sánchez, exrevisor fiscal de Efecty y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca en Colombia.

En el escrito de acusación, la Fiscalía señala a los implicados en este caso de ser supuestos autores de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y administración desleal.

Cabe recordar que las personas mencionadas junto con otros tres implicados se encuentran en libertad, tras la determinación de un juez que revocó la medida de aseguramiento en su contra por vencimiento de los términos para presentar en su momento dicho escrito de acusación.

En ese momento, el juez 42 de control de garantías de Bogotá que lleva el caso, manifestó que la Fiscalía superó el plazo de los 120 días que la ley establece para presentar el respectivo escrito de acusación, ya que la detención  de los implicados se produjo el 4 de octubre de 2017 y transcurrieron 140 días sin que se hubiera radicado el respectivo documento.

En relación con este escándalo de los 'Papeles de Panamá' o 'Panamá Papers', la Fiscalía vinculó al inicio de las investigaciones a un total de 20 personas entre ellas varios empresarios, revisores fiscales y contadores.

Según las investigaciones de las autoridades judiciales, por esta actividad fraudulenta la firma Mossack Fonseca presuntamente cobraba un porcentaje entre el 2,5 y el 4 % de valor de las facturas utilizadas para ejecutar las millonarias transacciones ilícitas.

Fuentes judiciales confirmaron a RCN Radio, que los fiscales a cargos de este proceso tienen evidencia de que al menos menos 14 sociedades colombianas habrían acudido a este método ilegal para transferir recursos de sus empresas al exterior.

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