Justicia ordena crear protocolo para el paro nacional del 21 de octubre
El propósito es que se garantice la protesta pacífica así sea con un protocolo exprés.
La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Villamizar, se pronunció sobre la necesidad de crear un protocolo exprés con el fin de garantizar las protestas del próximo 21 de octubre, en el marco de una jornada de paro nacional que fue convocada por parte de diferentes sectores sociales.
La funcionaria judicial ordenó al Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá que "procedan a la elaboración de un protocolo que a corto plazo incluya medidas más urgentes, que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente, atendiendo a la programación y otorgamiento de los respectivos permisos que han de proferir los alcaldes locales para las manifestaciones públicas a realizarse en los próximos días y meses".
En el fallo conocido por RCN Radio, también se ordena la creación de una mesa de trabajo que a largo plazo elabore una reforma a la Policía, teniendo en cuenta más de 16 problemáticas del país que van desde la corrupción hasta la presencia de ciudadanos venezolanos en la ciudad.
"El Tribunal hará los correspondientes requerimientos sobre el avance de la misma en los plazos de tres (3), seis (6) meses, un (1) año, tres (3) años, cinco (5) años y diez (10) años, con el fin de que no se haga nugatorio el cumplimiento a las órdenes que se imparten para salvaguardar los derechos fundamentales en conflicto".
La magistrada Villamizar exigió que se aceleren las investigaciones "por los posibles hechos delictivos en el marco de las protestas de los días 9, 10 y 11 de septiembre del presente año, con el fin de que las acciones penales respectivas no lleguen a prescribir, en el entendido que las resultas de esos procesos penales representan interés nacional por el trasfondo social que se ha analizado en esta providencia".
Finalmente, pidió acoger las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con la elaboración de los protocolos, la protección de la protesta social y la suspensión del uso de armas calibre 12 en las manifestaciones, tras señalar que la Alcaldía de Bogotá dio instrucciones claras a la fuerza pública de no usar armas letales.
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