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Código de Policía
El Código de Policía empezó a regir el lunes 30 de enero de 2017.
Colprensa

La Fundación Ideas para la Paz hizo un estudio sobre la aplicación del código de Policía en Colombia. La primera conclusión es que hay mucha multa y poca pedagogía.

“El espíritu del Código es preventivo. Sin embargo, durante el primer año y medio de implementación se aplicaron dos millones de medidas correctivas, donde más del 40% fueron multas, seguida de la destrucción del bien (22%)”, señala el informe. 

Dice además que de poco sirvió el periodo pedagógico de seis meses, fue insuficiente, pues “al día siguiente de que entraran en vigencia las multas, los comportamientos sancionados se duplicaron”.

El informe también revela que la mayor parte de las sanciones impuestas son de carácter económico y solo el 17% son medidas educativas,  el 0.4% son amonestaciones o llamados de atención. 

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Otra de las conclusiones a las que llega este informe, es que las sanciones se concentran en cierto tipo de comportamientos, que no se corresponden con las quejas más frecuentes de la comunidad. 

De acuerdo con la FIP, de los 357 comportamientos que pueden ser sancionados, hay tres que concentran el 75% del total de las sanciones y son los relacionados con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacio público y el porte de armas cortopunzantes. Sin embargo, la queja más frecuente es por ruido y este solo concentra el 0,6 de las medidas correctivas.

Por otra parte, la FIP también advierte que hay riesgo de abuso en la aplicación del código de Policía. 

“En general, preocupa que la discrecionalidad que tienen las autoridades de Policía se haya traducido, hasta el momento, en el uso excesivo de las medidas correctivas más severas en comparación con las formativas”, dice el documento. 

De hecho, el informe destaca que el irrespeto y desacato a la autoridad se encuentren en el top 10 de los comportamientos más sancionados. 

El informe agrega que otro de los riesgos de abuso,  tiene que ver con las dificultades que tienen los ciudadanos para hacer reclamaciones y apelaciones, “lo que impide controlar la actividad policial”. 

“Frente a los comportamientos, las entrevistas que realizó la FIP a las autoridades de policía y comunidad en general en cinco ciudades, arrojan que existe un alto riesgo de corrupción y abuso policial frente a los comportamientos que afectan la actividad económica y los relacionados con el porte de sustancias prohibidas”, advierte el informe. 

Finalmente, la FIP concluye que imponer medidas correctivas a problemas de convivencia no tienen un efecto significativo sobre la reducción de delitos. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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