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Los investigadores revelaron que las interceptaciones se realizaban desde hace más de 10 años.

Los detenidos por las 'chuzadas' ilegales fueron llevados a una guarnición militar.
RCN Radio Cali

Por considerar que pueden obstruir la justicia y ser un riesgo latente para la comunidad, el juzgado 29 penal municipal de Cali, con funciones de control de garantías, dictó medida de aseguramiento intramural en contra de los tres exmiembros del Ejército detenidos por conformar una banda criminal que se dedicaba a realizar interceptaciones ilegales.

La medida afectó a los coroneles en retiro Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz y al capitán Luis Mesías Quiroga Cubillos.

En el mismo fallo, el juez le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria a María Alicia Pinzón Montenegro, argumentando que la exfuncionaria del Ministerio de las Tecnologías, había decidido colaborar con la investigación de la justicia. 
 

Sin embargo, deberá permanecer dentro de su residencia, no abandonar el país y obviamente colaborar cada vez que sea solicitada para entregar declaraciones sobre el sonado caso.

Durante la audiencia se conoció que las investigaciones contra los tres militares y la civil se iniciaron el 4 de mayo de 2017, durante labores de contrainteligencia contra el entonces comandante del Batallón Mecanizado No 3 - José María Cabal, coronel Carlos Andrés Pérez Cardona.

Después de dichas operaciones se encontró el primer vestigio de una estructura que buscaba obtener beneficios económicos mediante interceptaciones telefónicas ilegales, para favorecer empresas de seguridad, petroleras, directivos de empresas, políticos y particulares e incluso para confirmar casos de infidelidad.

A partir de este informe, la Fiscalía General de la Nación inició los trámites para determinar los alcances de esta organización, que tenía ramificaciones desde Ipiales Nariño, hasta ciudades como Bucaramanga, Medellín, Bogotá y que incluso iban hasta el Ecuador.

En la audiencia se supo que era tal la capacidad de esta estructura criminal, que podían hacer interceptaciones a organismos de seguridad del Estado como la FAC, el CTI, el Ejército, la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el gobierno municipal de Ipiales y el departamental de Nariño.

La Fiscalía tiene en su poder por lo menos 200 interceptaciones telefónicas que muestran el accionar de esta red delincuencial, pero la investigación que apenas empieza, podría mostrar que “las chuzadas” ilegales se venían haciendo diez años atrás.

Los tres militares involucrados serán trasladados a un sitio de reclusión de la Tercera División del Ejército, previo acuerdo con el Inpec.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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