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La Fiscalía les imputó los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante.

MARIA FERNANDA CABAL
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.
Colprensa

El juez 27 de control de garantías de Bogotá decidió enviar a la cárcel La Modelo a John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, los dos funcionarios del Distrito, que habrían pedido votos para la campaña de la senadora María Fernanda Cabal en los comicios celebrados en marzo pasado.

La Fiscalía General indicó que los dos funcionarios de la Secretaría de Integración Social obligaban a funcionarios a llenar planillas para votar por Diego Caro y María Fernanda Cabal ofreciéndoles dinero.

El ente investigador señaló que los funcionarios condicionaban los contratos. “Si no votaban por ellos les decían que no les renovarían los contratos”, señaló el delegado del ente acusador. Debido a esto les imputó los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante.

En la imputación indicó que Garzón y Gutiérrez conformaron un grupo de WhatsApp con varios profesores para “presionarlos a votar (...) Presuntamente ustedes realizaron comportamiento que el legislador ha señalado o a considerado que son delitos básicamente el constreñimiento al elector”.

El ente investigador determinó que en noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara Diego Caro y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal.

En su momento, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez indicó que para confirmar el compromiso del voto, el contratista  les exigió a las docentes la elaboración de un listado con los nombres de al menos 10 familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo 20 personas.

De acuerdo con los investigadores, a las reuniones habría asistido como veedor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy.

“Uno de estos encuentros se presentó el pasado 8 de marzo de 2018, Día de la Mujer, cuando se habría citado con esa excusa a varias de las profesoras que habían cumplido con los ‘requisitos’, y se les habría entregado un sobre con 200 mil pesos como reconocimiento por la colaboración”, indicó el Fiscal General.

En diferentes oportunidades la senadora electa del Centro Democrático ha rechazado estas acusaciones, declarando que es inocente.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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