La demanda del Ministerio de Agricultura contra Andrés Felipe Arias

Tan pronto regresen de la vacancia judicial, el Consejo de Estado fijará la fecha de la audiencia en la que se escucharán a todas las partes dentro de la demanda presentada por el Ministerio de Agricultura en contra del exjefe de la cartera, Andrés Felipe Arias Leyva y el exsecretario general, Juan David Ortega.

En la acción judicial, el Ministerio busca que se declare la responsabilidad de Arias y Ortega por la sanción económica de 266,9 millones de pesos que tuvo que pagar por la destitución de un funcionario en julio de 2007. La cartera de Desarrollo Rural considera que se debe aplicar la figura de control de repetición.

En la demanda se manifiesta que el entonces secretario general del Ministerio destituyó e inhabilitó por cinco años al funcionario Melquisedec Moreno Mosquera por presuntamente haber cometido un peculado por apropiación. El funcionario consideró que no existían motivos para sacarlo de su puesto, hecho por el cual tomó acciones jurídicas.

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La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho llegó a la Sección Segunda del Consejo de Estado que determinó que en efecto se había presentado una falla en la sanción disciplinaria que fue impuesta por Ortega y ratificada en segunda instancia por Arias el 28 de enero de 2008.

En el fallo emitido en julio de 2015, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo le ordenó al Ministerio de Agricultura restituir al funcionario y reconocer el pago de las sumas liquidadas en concepto de salarios, prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías en intereses moratorias.

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En dicha decisión, se determinó que la sanción contra el funcionario no tenía ningún tipo de fundamento o justificación, hecho por el cual se revocó. En el fallo se manifiesta que Melquisedec Moreno no se había robado unos tubos de las instalaciones del Ministerio sino que estos le habían sido obsequiados por el contratista encargado de la obra de mantenimiento en la sede central de la cartera ubicada en el centro de Bogotá.

Igualmente se detalló que los tubos ya habían sido reemplazados por garantía por parte del mismo contratista que consideró “que eran de su propiedad”. En el fallo se señala que en efecto se presentaron irregularidades en la destitución del funcionario puesto que no fueron consultadas todas las partes involucradas.

Por medio de la Resolución No. 000039 del 16 de marzo el Ministerio le dio cumplimiento al fallo del Consejo de Estado, restituyendo a Moreno Mosquera a su cargo y el pago de 266 millones de pesos.

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En el debate jurídico, el alto tribunal determinó que en efecto existe documentación que permite inferir que el Ministerio le pagó al funcionario las prestaciones que le adeudaba en el plazo que exigía la ley y el reintegro a su cargo de técnico administrativo del Ministerio.

Después de muchos intentos, el Consejo de Estado pudo notificar formalmente al exministro Arias Leiva –quien se encuentra privado de su libertad en los Estados Unidos en el marco del proceso de extradición- y al exsecretario general, Juan David Ortega, quien enfrenta un proceso penal desde 2011 por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Tanto Arias como Ortega contactaron al abogado Oskar Schoreder Müller, quien fungió como asesor jurídico del Ministerio de Agricultura, y quien también enfrenta un proceso penal por el escándalo de AIS para que los defendiera.  

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En septiembre de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 17 años y cinco meses de prisión al exministro Andrés Felipe Arias por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

Arias salió a los Estados Unidos antes de que se emitiera este fallo argumentando una persecución política y jurídica en su contra. El exministro solicitó un asilo al gobierno estadounidense indicando que no tenía las garantías procesales y judiciales.

Mientras que Ortega es procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales por las presuntas falencias en la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.